Hace unas semanas, en el encuentro de organizaciones que están trabajando y preparando la asamblea constituyente y la nueva constitución de La Araucanía, realizaron una consulta autónoma, como iniciativa propia para definir las líneas para este año en materia de discusión y movilización. En el documento con los resultados (agradezco a Luis Soto por compartírmelo), llama la atención algunos porcentajes relacionado con los pueblos originarios. Lo primero, es que el 20% de los participantes declara pertenecer a uno de ellos. Luego ante la pregunta acerca del reconocimiento de los pueblos originarios, un poco más de un 20% se manifiesta a favor de la opción “Estado Multicultural – Multiculturalismo del Estado chileno”, y un 50% se manifiesta a favor de “Estado Plurinacional – Autonomía y control territorial”.
La primera pregunta se centra en lo que viene haciendo el Estado, que son políticas basadas en un reconocimiento mínimo y toma parte de las demandas de los pueblos originarios para convertirlas en políticas públicas. Si bien esto ha tenido un efecto en la reafirmación identitaria mapuche, lo que se refleja en las cifras censales (1.700.000 personas que se reconocen como mapuche en Chile), en este esquema la participación indígena no es vinculante, sus decisiones son referenciales pero no son determinantes, como ha podido verse en todas las consultas indígenas, incluyendo la que se hizo sobre reconocimiento constitucional, en el último gobierno de Bachelet (2017).
La segunda pregunta se relaciona con lo que llamamos el derecho a la autodeterminación, pues la autonomía es una forma de autogobierno y una expresión de este derecho, lo mismo que el control territorial. En ello la deliberación corresponde a los Pueblos Originarios, quienes se autoconvocan y deciden de manera informada y responsable lo que consideran necesario para su desarrollo político, económico y social. Esto se realiza bajo un marco de respeto a los otros Pueblos, pues se entiende que se convive bajo un mismo Estado.
Por más de 200 años, en Chile los pactos sociales han sido imposiciones al pueblo de un sector organizado y con poder. Hoy por primera vez se puede construir un pacto de la convivencia social reconociendo los derechos colectivos de los Pueblos Originarios y el Pueblo Chileno en una discusión abierta para construir no solo una Constitución, sino una forma de vernos al interior del país. Es la primera vez que las ciudadanas y ciudadanos comunes podrá injerir en su destino colectivo nacional, siempre y cuando se mantengan a raya a las élites políticas y empresariales de este país.
