sábado, diciembre 4, 2021

Los horizontes autonomistas del movimiento mapuche

La elección de Elisa Loncon como presidenta de la Convención Constitucional chilena es el emergente de un largo proceso de organización y lucha de la población mapuche, que, mediante diferentes estrategias, más gradualistas o más radicales, fue posicionando la cuestión de la autonomía y, más recientemente, del Estado plurinacional. Esta dinámica política constituyó una suerte de «otra transición» dentro de la Transición posdictadura.

Por Fernando Pairican – nuso.org

Las nuevas problemáticas identitarias

Un momento marcó un punto de inflexión en la trayectoria del movimiento mapuche: alrededor de las 15:20 horas del 4 de julio de 2021. Concluida la segunda ronda electoral para escoger la mesa directiva de la Convención Constitucional, la mayoría del cónclave votó a favor de Elisa Loncon para conducir, en una primera etapa, la redacción de una nueva Carta Magna para Chile. Loncon proviene de una familia vinculada a los movimientos que impulsaron las «recuperaciones de tierras» durante la Reforma Agraria en las décadas de 1960 y 1970, aunque su historia se vincula al ñidolongko Loncomil, quien resistió a las fuerzas militares de Ejército de Chile en la ribera del río Malleco junto con Kilapan, hijo de Mañilwenü, en 1860. Este episodio histórico fue denominado por la historiografía «Ocupación de la Araucanía»(1).

En su discurso del 4 de julio, Loncon propuso una ruta como horizonte para conformar un nuevo tipo de república que incluya la interculturalidad. La presidenta de la Convención señaló: «mandarles un saludo a los niños que nos están escuchando: se funda un nuevo Chile, plural, plurilingüe, con todas las culturas, con todos los pueblos, con las mujeres, con los territorios. Ese es nuestro sueño para escribir una nueva Constitución»(2).

En paralelo, desde principios de 2021, el movimiento mapuche partidario de la autodeterminación, encabezado por la Coordinadora de Comunidades en Conflicto Arauco-Malleco (CAM), Resistencia Mapuche Lafkenche (RML), Resistencia Mapuche Malleco (RMM) y Weichán Auka Mapu [Lucha del Territorio Rebelde], impulsó una oleada de «recuperaciones de tierras», que incluyó el uso de la violencia política contra maquinarias y camiones forestales, y también el incendio de casas de agricultores y cabañas de turismo. Bajo los marcos ideológicos desarrollados por la CAM, que promueve el «control territorial como ejercicio de la liberación nacional», el movimiento favorable a la autodeterminación hizo uso de la violencia en el marco de lo que consideran sabotajes al capitalismo.

Los movimientos gradualistas y rupturistas han contribuido a la acumulación de fuerzas para la «liberación nacional» del pueblo mapuche. Este último concepto, incorporado en la década de 1990 por la organización Aukiñ Wallmapu Ngulam [Consejo de Todas las Tierras] –aunque debatido en la década anterior entre los jóvenes de la organización Ad Mapu–, creció dentro del movimiento, aunque solo se tornó hegemónica con la creación en 1998 de la CAM. La CAM fue un catalizador de nuevas ideas que en el plano teórico fueron debatidas por el partido mapuche Wallmapuwen y su equipo de intelectuales en la primera década del nuevo milenio (3).

Desde nuestro punto de vista, fue como consecuencia de la acción colectiva de la CAM, más específicamente de sus estrategias de «recuperaciones de tierras» y edificación del «control territorial como ejercicio de la liberación nacional», que incluye formas de acción directa como la quema de camiones y de maquinaria forestal –«símbolos del capitalismo forestal»–, que el concepto de «liberación nacional» se fue volviendo hegemónico en la discusión en el seno del pueblo mapuche. Sin embargo, en los últimos dos años, algunos hechos de violencia sobre civiles y detenciones de miembros del pueblo mapuche derivaron en hechos delictivos, que fueron criticados por los miembros del propio sector rupturista del movimiento.

Al movimiento mapuche se unió una corriente autonomista «desde abajo», que transitó de las «recuperaciones de tierras» a las del territorio como ejercicio de poder (4). Coincidió con la hegemonía del modelo neoliberal en América Latina, propiciado por dictaduras militares y gobiernos democráticos entre las décadas de 1980 y 1990. El historiador, antropólogo y sociólogo José Bengoa ha llamado este proceso «emergencia indígena en América Latina», debido a la irrupción de las identidades de los pueblos originarios, lo que favoreció la expansión de un movimiento «panindigenista» basado en una «reinvención» de la cuestión indígena que combina urbanidad y ruralidad (5).

La gran revuelta indígena en América Latina transformó la situación política de los pueblos originarios y ha insertado la disputa por la historia como fundamento de sus horizontes políticos. Se trata de una suerte de «invención de la tradición» como la que han desarrollado todos los movimientos que se plantean en el marco de la reconstrucción de una nación. En el caso de la CAM, lo vemos en la revalorización del weichafe [guerrero] como elemento protagónico en el movimiento rupturista, así como en la del papel de las autoridades tradicionales (6).

Estas últimas hacen alusión a los conductores y conductoras del pueblo mapuche: longko (cabeza jefe de una comunidad), werken (vocero), machi (autoridad sanadora). Cada comunidad tiene un longko, y el conjunto de las comunidades conforma el Wallmapu, el conjunto de la nación mapuche (7). En este marco, se ha producido también una descolonización de nombres y apellidos: los nuevos nacimientos reciben nombres en mapuzungun. Esta es una muestra de lo que se conoce como «orgullo de ser mapuche», resultado del accionar del movimiento, que ha incrementado la pertenencia étnica en los últimos años (8). Para los mapuche, a todos los seres y espacios de la naturaleza se les asigna un alma que armoniza con el resto de las vidas existentes en Wallmapu. Según Elicura Chihuailaf: «nuestra existencia se afirma en dos grandes normas que regulan a la gente entre sí y a la gente con el medio natural que lo rodea. Son los conceptos de Nor y Az». El primero refiere a las pautas de la relación que debe tener la gente con la naturaleza y sus componentes, mientras que el segundo apunta al reconocimiento y la determinación del origen biológico y familiar de cada mapuche. Esto último permite articular la relación de cada familia con su lugar de origen, cimiento de los Lof, que luego del proceso de reducción territorial derivaron en lo que la Ley Indígena de 1993 catalogó como «comunidades».

A efectos de comprender los recientes debates internos del pueblo mapuche, es necesario distinguir las comunidades tradicionales, que derivaron de los títulos de merced post-Ocupación de la Araucanía, de las nuevas comunidades creadas al amparo de la Ley Indígena 19.253 de 1993, que permite la asociación de personas mapuche que se postulan para la compra de tierras no exclusivamente en sus territorios originarios, lo que ha sido fuente de nuevas controversias en el seno del pueblo mapuche. Por un lado, se «recuperan» tierras, pero por el otro, se rompen las normativas del equilibrio sobre la base del Az Mapu (sistema jurídico mapuche), al insertar a personas mapuche provenientes de otras identidades territoriales en territorios a los que no pertenecen desde perspectivas cosmológicas (9). Esto ya había sucedido, sobre todo durante la Ocupación de la Araucanía, cuando ciertas familias tomaron la decisión de relocalizarse debido a la violencia estatal (10).

La reciente elección de la Convención Constitucional demostró la fuerza del voto mapuche en sus territorios. Sin embargo, la misma elección –parafraseando al dirigente Adolfo Millabur, quien señaló que «mapuche vota por mapuche»– demostró que es muy relevante la fuerza de los mapuche que no viven en Wallmapu, sino que habitan en las grandes ciudades fuera del territorio mapuche. Así, las cifras de población mapuche que vive fuera de Wallmapu han llevado al movimiento a pensar sobre su realidad y sus formas de construcción política. De esta forma, un sector comenzó a reflexionar sobre la plurinacionalidad o la autonomía regional como un camino plausible para desarrollar los derechos colectivos en una perspectiva de autodeterminación (11). Pero también se planteó la posibilidad de un retorno al país mapuche para construir el control territorial. Con esto último creemos que se relaciona el reciente asesinato del miembro de la CAM Pablo Marchant en un enfrentamiento con Carabineros de Chile durante una «recuperación de tierras» en el fundo Santa Ana de Forestal Mininco (12).

Los debates sobre la autodeterminación

La autonomía ha dejado de ser una moda o un reclamo aislado para los pueblos indígenas. Para Miguel González y Aracely Burguete Cal y Mayor, este concepto debe ser visto como polisémico; proponen pensar en «las autonomías» como una imagen multicolor, con variables de contenidos y significados culturalmente construidos. Este paradigma, comprendido como parte de los procesos de descolonización, puede ser planteado en el marco de una imagen más amplia: la de los derechos humanos.

Puestas en debate en la Declaración de Barbados de 1971 y luego en la legislación del Régimen de Autonomía Regional de Nicaragua con la Revolución Sandinista, las autonomías permitieron avanzar en la discusión sobre los nuevos derechos que portan los pueblos indígenas. Así, desde la década de 1980, las dirigencias fueron creando marcos políticos, jurídicos y simbólicos para avanzar hacia la libre determinación (13).

Los mapuche, no ajenos a estos debates, decidieron avanzar hacia un proyecto de «carácter histórico» –como llamaron a la autodeterminación–. En palabras de José Mariman, estos nuevos postulados difieren de la reivindicación de la tierra del siglo XX; no obstante, las experiencias de las comunidades que refuerzan la concepción de autonomía fueron las «recuperaciones de tierras» bajo las reformas agrarias y los asentamientos. Para Mariman, el concepto de «autonomía» no es homogéneo, trasluce un debate interno en la «sociedad política» mapuche, que nos habla de la existencia de un discurso que pone el énfasis en lo etnocultural o en las tradiciones cuando se imagina un futuro para los mapuche (14).

Ahora bien, ¿qué se entiende por autodeterminación? En 1983, en la Tercera Asamblea Nacional del Pueblo Mapuche convocada por Ad Mapu, se señaló: «la Ocupación significó la interrupción del proceso de desarrollo de nuestro pueblo y el arrinconamiento de nuestra población en reducciones indígenas». En los puntos siguientes, la Asamblea se pronuncia a favor de la «autonomía y autodeterminación de nuestro pueblo en cuanto a que debemos ser gestores y protagonistas de nuestro propio proceso de desarrollo» y concluye sosteniendo los deseos de «participar en la redacción de una nueva Constitución Política que resguarde y garantice nuestros derechos y patrimonio cultural de acuerdo con nuestra identidad étnica» (15). En 1985, en la revista Nütram –órgano ideológico de Ad Mapu–, se plantea: «un mapuche sin tierra no es un mapuche».

Años después, en una conversación con Ana Llao, dirigente de Ad Mapu, ella recordaba cómo se fue planteando la necesidad de una nueva Constitución que reconociera a los mapuche como sujetos de derechos (16). La presión en el interior de Ad Mapu por hacer cumplir los compromisos del candidato a la Presidencia de la Concertación de Partidos por la Democracia, como el reconocimiento constitucional, la ratificación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la creación de una normativa de protección y fomento de la identidad, buscó concretar un compromiso de la oposición a la dictadura, en el marco de una oleada democratizadora a escala global (17).

La Ley Indígena de 1993, no exenta de visiones coloniales, diseñó políticas de afirmación que permitieron un desarrollo de la población mapuche sobre la base de la inserción educativa, el apoyo económico a estudiantes, el fomento de las artes y la inserción en el sistema educativo sobre la base de políticas de afirmación identitaria. A casi 20 años de esa ley, es factible pensar que los nuevos desafíos asociados a la politización de la identidad se relacionan con dos nuevas realidades: el auge del movimiento autonomista y las políticas de afirmación. Ambos, suscritos a un modelo económico que se constituye en la desigualdad y la diferencia, han terminado por crear un marco político en el que los miembros con pertenencia étnica son incorporados bajo el neoliberalismo sin ser sujetos de derechos y con dificultades de insertarse en un modelo que se basa en la desigualdad. Esto último potenció el movimiento extrainstitucional, que fue logrando, en los primeros siete años de la transición democrática, mayor peso político (18). Desde 1990, con la fundación de Aukiñ Wallmapu Ngulam, la autodeterminación continuó afirmándose como horizonte político para el pueblo mapuche. Esto puede ser visto como la «otra transición» a la democracia, ya que Aukiñ Wallmapu Ngulam reforzó la perspectiva de que fuesen las comunidades las que sustentan el proceso político mapuche y que sus liderazgos tradicionales encabezaran el proyecto de «liberación nacional» mapuche.

Desde esa perspectiva, impulsaron nuevas «recuperaciones de tierras», lo que provocó conflictos con los gobiernos de la Concertación. A su vez, los procesos de «descolonización ideológica» llevaron a los militantes a forjar alianzas con comunidades situadas en Argentina, para fortalecer y ampliar el horizonte por la autonomía y la reconstrucción de Wallmapu. Para los miembros de la organización, la reconstrucción nacional del pueblo mapuche debía ser impulsada a ambos lados de la cordillera ya que esta, antes de que se establecieran las fronteras nacionales, era el centro del antiguo país mapuche. No fue extraño que, hacia el quinto centenario de la conquista de América, el movimiento mapuche lograra desarrollar un movimiento que articulaba a distintas comunidades, autoridades tradicionales y una fuerte movilización por la tierra junto con la creación de un arsenal político e ideológico, y que esto concluyera en la gestación de un movimiento autonomista. En esa línea, en octubre de 1992, la organización presentaría la bandera de la nación mapuche: la Wenüfoye (19), que se vio flamear en todo el país durante la última ola de protestas.

La articulación de lo internacional y lo nacional derivó en la discusión de lo que se denominó Estatuto de Autonomía Mapuche. Sostenida en los antiguos territorios del Lof Kallfükura en Argentina, la discusión versó en torno de la definición de la Nación Mapuche desde un punto de vista histórico, normativo, institucional, territorial y cultural. Se propició inscribir el Estatuto bajo las legislaciones internacionales que el Estado debería adoptar para que los mapuche pudiesen ejercer sus derechos colectivos. Todo ello, bajo «el ejercicio concreto del derecho a la libre determinación» (20).

Estos avances políticos e ideológicos no fueron comprendidos por los gobernantes de la Concertación, que continuaron desconociendo los derechos colectivos del pueblo mapuche. La fundación de la CAM fue producto del proceso de radicalización mapuche. Bajo el influjo de la insurrección zapatista en México y la experiencia de algunos de sus miembros en organizaciones armadas de la izquierda chilena, la violencia política comenzó a ser ejercida y teorizada como un aspecto del proceso de autodeterminación.

Entre sus principales aportes, la CAM introdujo la perspectiva de la «descolonización ideológica». En ese ámbito, la ocupación de los territorios y el control de estos mediante lo que llama acción directa quiebra inexorablemente la institucionalidad que se desea imponer.

Las discusiones sobre la autodeterminación fueron cada vez más importantes en el seno de la comunidad política del pueblo mapuche, que continuaba construyendo elementos para forjar una subjetividad militante que el Estado nacional no tomaba en cuenta ni tampoco intentaba encauzar a través de reformas políticas. Al contrario, se inició una política de criminalización que significó abrir un espiral de violencia que no se ha detenido y que inclusive ha roto la confianza hacia cualquier intento de institucionalizar el conflicto mapuche. Lo que es más grave: un sector del movimiento autonomista no cree en los procesos de reformas constitucionales o que sea posible avanzar en los derechos colectivos a partir de la reconfiguración del Estado. La expresión de esto ha sido el reciente viaje de una comitiva de la comunidad Ignacio Queipul en Ercilla para cuestionar a los constituyentes mapuche electos por no representar los derechos colectivos, bajo la idea de que la participación mapuche en la Convención Constitucional es irresponsable e inconsecuente con la historia y el futuro del pueblo mapuche.

En paralelo, se inició una política de criminalización de los activistas de la CAM, quienes fueron enjuiciados usando normativas de excepción, como la Ley por Conductas Terroristas. Esto determinó el paso de la organización a la clandestinidad, así como procesamientos por asociación ilícita terrorista. Esto último se aceleró luego de que entre 2001 y 2004 se sumaran a la CAM comunidades Wenteche que combatieron a los agricultores incendiando sus casas. En ese marco, comenzó un proceso de clandestinidad de los miembros de la organización y un conflicto esencialmente político fue entregado a la fuerza pública. Es viable plantear que, en ese escenario, el multiculturalismo como respuesta al ascenso del movimiento mapuche tomó protagonismo.

Los debates sobre la plurinacionalidad

En 1996, el joven mapuche de la provincia de Arauco Adolfo Millabur Ñancul fue elegido alcalde por la comuna de Tirúa. Para ese entonces, era miembro de la Coordinadora Territorial Lafkenche y del hogar de estudiantes Pegun Dugu. Los lafkenche (gente del mar) comenzaron a idear un movimiento en defensa del mar y sus seres vivos y a pensar en formas de recuperar la tierra y crear un movimiento de reivindicación política ante el contexto de emergencia indígena, así como de la influencia de Aukiñ Wallmapu Ngulam.

La provincia de Arauco fue una de las comunas que vivieron la experiencia de la reforma agraria y la violación de los derechos humanos contra quienes participaron de ella. Además, por ser sede de yacimientos de carbón importantes para el país, la formación de una clase trabajadora con conciencia en esas tierras fue un hecho que contribuyó a la politización. Todas estas variables contribuyeron a la conciencia política de jóvenes que además reflexionaron sobre el ser mapuche.

La organización se caracterizaba por recuperar a las autoridades tradicionales como las conductoras del proceso político, aunque alejándose de una estructura vertical. «No somos un ejército –señalaba Millabur en 1999–, no andamos detrás de una sola persona, no tenemos una estructura única». Ese mismo año los lafkenche realizaron una cabalgata multitudinaria hacia Concepción para dar a conocer sus puntos de vista críticos, sobre todo frente a la construcción de la represa hidroeléctrica Ralco, y señalar su vinculación política con el mar. La relación entre geografía y política reforzó en los lafkenche la noción de pensar una solución económica y política en un sentido pluriétnico. Ello debería ir acompañado de una relación armoniosa con la naturaleza y el manejo de los recursos de los espacios marítimos del territorio mapuche, ya que este no era un aspecto productivo, sino la piedra angular sobre la que se «construye la base de la identidad» de los lafkenche y, por ende, de la organización (21).

Críticos del capitalismo, los lafkenche comenzaron a dotar de una perspectiva latinoamericana a sus formas de reflexión política. En 2002, un encuentro internacional en Lleu-Lleu, provincia de Arauco, los fue acercando a los debates en torno de la plurinacionalidad como vía para avanzar hacia los derechos colectivos. Al año siguiente, realizaron encuentros a escala nacional, lo que les permitió una vinculación a lo largo del país con gente mapuche que les permitió consolidar una fuerza política. En 2004, en Trawa Trawa se desarrollaron los primeros debates para formular un Proyecto de Ley de Protección del Espacio Costero haciendo uso del Convenio 169 de la OIT para tales efectos. La ley, que se comprometía en la protección de la biodiversidad, se aprobó en 2007 y se promulgó al año siguiente.

En 2006, la Identidad Territorial Lafkenche (ITL) realizó en Valdivia su primer congreso, que resolvió continuar luchando por formular una nueva Constitución. Cuatro años después, en el marco del triunfo de Evo Morales en Bolivia y del giro hacia la construcción de un Estado plurinacional en ese país, reafirmó su compromiso de redactar y discutir una Constitución vía Asamblea Constituyente. En 2012, tomó la decisión de construir un poder constituyente para una nueva Constitución agregando como horizonte el Itrofill Mongen [todas las vidas] para lograr un Küme Mongen [vivir en armonía y reciprocidad con todos los seres]. En este crucial debate, teniendo en consideración los ejemplos de Ecuador y Bolivia, que habían redactado para ese entonces constituciones que reconocían los derechos de la naturaleza, la autonomía y la plurinacionalidad como un nuevo marco de Estado, la ITL señala en 2013 que su propósito político sería la plurinacionalidad e interculturalidad.

En su IV Congreso en Hornopirén, en 2014, la ITL plantea que todos los acuerdos evidencian la necesidad de fundamentar los derechos colectivos (autodeterminación) en la redacción de una nueva Constitución. Dos años después, se establece la necesidad de forjar alianzas con otros actores involucrados en la protección del mar y defender las normativas consolidadas por el movimiento mapuche hasta el año 2018. Un año después, se produjo el estallido social, y ante la crisis de legitimidad de la República, los mapuche llegaron con una propuesta: la construcción de un Estado plurinacional.

Para Rosa Catrileo, que es en la actualidad convencional constituyente, la plurinacionalidad es un reconocimiento más bien constitucional. De realizarse, plantea que esa declaración debe estar basada en un Estatuto de Garantía de Derechos. ¿Cuáles? «Primero reconocer al pueblo mapuche y a los pueblos originarios como sujeto de derecho, no como objeto de derecho, sujeto de derecho es que sean titulares, son titulares y lo otro es qué derecho; bueno, partamos por el básico: tierra y territorio… esa es la principal preocupación. Luego de ello materializar los derechos políticos, la autodeterminación con miras a la autonomía» (22). En ese mismo sentido se suscriben las palabras de la presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncon, para quien la autodeterminación continúa siendo uno de los ejes fundamentales del pueblo mapuche. No obstante, ve la plurinacionalidad como un punto intermedio para dialogar con los no indígenas, ya que desde su óptica, va a costar preparar a Chile para la plurinacionalidad, porque todas las constituciones fueron en función del Chile único, una sola nación, aun cuando existe tanta diferencia y diversidad. Eso habría calado hondo en la identidad chilena, pero también los chilenos han dicho «¡basta!» con el estallido social, lo que para la presidenta de la Convención significa que hay una decisión del pueblo de querer cambiar y hacer las cosas de otro modo. Para lograrlo, se necesita forjar «una cultura diferente» y para ello se deben introducir en el debate los conceptos plurinacionalidad, interculturalidad, derechos de la Madre Tierra, derechos sociales, derechos humanos fundamentales, verdad histórica.

Conclusión: ¿un camino a la domesticación de los derechos colectivos?

El 11 de agosto de 2021, la constituyente Rosa Catrileo, como parte de la subcomisión de Estructura y Funcionamiento, eliminó del Reglamento de la Convención la frase «República de Chile». Los sectores más conservadores de la Convención expresaron su molestia y sostuvieron que se debilitaba la legitimidad del proceso por ese hecho. Catrileo explicó a los críticos que aquello era justamente lo que se iba a debatir. En su óptica, «Chile es un Estado plurinacional. Los pueblos están hablando, es momento de refundar la historia con muchas banderas y derechos». Y agregó: «Este es un cambio de paradigma, que queremos [que] quede de manifiesto en la nueva Constitución y en la Convención, que es que aquí habemos diversos pueblos, naciones preexistentes al Estado, y nosotros somos los soberanos, los que vamos a refundar o dar esta nueva institucionalidad al Estado». Al siguiente día, reforzó su convicción: «la República de Chile para los mapuche ha sido bien invasora, no nos ha reconocido (…) y nosotros somos los soberanos, los que vamos a refundar o dar esta nueva institucionalidad al Estados».

Al siguiente día, la abogada Amaya Álvez profundizó sobre la controversia que había generado la reacción de los sectores más conservadores de la Convención y del país. En sus palabras: «sacar la noción de República de Chile del artículo es una especie de símbolo para repensar este Estado Plurinacional (…) y una manera de apoyar la reivindicación histórica que hacían los escaños reservados». Álvez comparte que Chile se encuentra ante un cambio de paradigma: «hablar de los pueblos de Chile con la idea de una república para Chile» no le parece contradictorio (23).

Las transformaciones que están llevando adelante los constituyentes mapuche ¿son la puerta para el multiculturalismo neoliberal? ¿Permitirán la consolidación de los derechos colectivos? ¿Es la violencia política el «verdadero camino» a la conquista de los derechos colectivos del pueblo mapuche? El último estudio de opinión pública del CIIR daba a conocer que 88% de los encuestados compartía que la naturaleza fuese sujeta de derecho, 81% era favorable al derecho a la propiedad comunitaria de sus territorios, 72% al reconocimiento de la jurisdicción indígena y 62% al reconocimiento de la libre determinación y autonomía (24).

Ante las críticas que emanaron de los mapuche de la comunidad Ignacio Queipul luego de llegar a las afueras de la Convención Constitucional, solicitando ser recibidos por el vicepresidente y desconociendo la autoridad de Elisa Loncon, en una conferencia de prensa dada por los convencionales, Adolfo Millabur planteó comprender las diferencias y levantó su mano derecha:

«Si miran esta mano es un solo órgano pero tiene cinco partes. Un pueblo también tiene derecho a tener diferencias, pero cada parte de las diferencias cumple un rol. Ellos vinieron legítimamente a presentar su diferencia, la escuchamos, estábamos disponibles para conversar, pero no como ellos querían por las normas sanitarias, son públicas las diferencias como mapuche. Nosotros los que estamos aquí creemos que este camino de la Convención es un paso para dar una solución que todos los mapuche conscientes queremos. Ellos vienen a reclamar el territorio, nosotros también queremos lo mismo. Ellos quieren reclamar por justicia y nosotros también queremos lo mismo. La diferencia que tenemos es que creemos que por este camino institucional a través de la Convención podemos avanzar en cambiar las cosas duras de nuestro pueblo. Esa es nuestra apuesta». (25)

La otra fuerza del movimiento mapuche continúa en la práctica del control territorial. Las «recuperaciones de tierras» han aumentado en los últimos meses. Desde la tumba de Marchant, en un predio en recuperación, Llaitul proclamó: «la única vía posible para la liberación nacional mapuche es el weychan [lucha o guerra] y la confrontación directa contra las expresiones del capitalismo en Wallmapu. Agregó que la participación mapuche en la Convención, como una supuesta oportunidad para refundar el país, lo que en realidad representa es un acto de sometimiento al pacto colonial» (26).

¿Qué camino es el correcto? ¿Cuál es el válido? Los constituyentes mapuche tienen hoy la legitimidad de las urnas. Si bien el número de quienes sufragaron a favor de los convencionales fue de 282.219, equivalente a 22,81% de un total de 1.239.395 habilitados para sufragar, es un número de adhesión importante para un movimiento que no confía en la institucionalidad debido a la forma de operar del Estado en las últimas décadas. Esto tiene relación, desde mi perspectiva, con la desafección hacia la democracia, que ha venido creciendo en los últimos años, y con el contexto pandémico, que hizo que muchas personas prefirieran restarse del momento político.

A modo de cierre, como me planteó Aracely Burguete Cal y Mayor en un diálogo que sostuvimos hace unos meses, es importante considerar que los pueblos originarios no buscamos un nuevo trato, sino derechos, y como tales deben quedar expresados en la nueva Constitución, «porque luego cuando uno ya los ve en el papel se hacen más pequeñitos, porque uno siempre siembra dinosaurios y al final cosecha hormigas. Entonces hay que tratar de sembrar dinosaurios aun cuando la tierra tiemble» (27).

Notas:

1.F. Pairican: Toqui. Guerra y tradición en el siglo xx, Pehuen / CIIR, Santiago de Chile, 2020. Un estudio clásico sobre el tema es el de José Bengoa: Historia mapuche del siglo XIX, LOM, Santiago de Chile, 2000.

2. El discurso está disponible en www.mapuexpress.org/2021/07/05/video-discurso-inaugural-de-elisa-loncon-como-presidenta-de-la-convencion-constituyente/.

3. F. Pairican: «Sembrando ideología: el Aukiñ Wallmapu Ngulam en la transición de Aylwin (1990-1994)» en Sudhistoria No 4, 2012; Víctor Tricot y Germán Bidegain: «En busca de la representación política: el partido mapuche Wallmapuwen en Chile» en Estudios Sociológicos vol. 38 No 113, 5-8/2020.

4. Es relevante en estas reflexiones políticas el texto de Aracely Burguete Cal y Mayor: «Autonomía: la emergencia de un nuevo paradigma en las luchas por la descolonización en América Latina» en Miguel González, A. Burguete Cal y Pablo Ortiz-T. (coords.): La autonomía a debate. Autogobierno indígena y Estado plurinacional en América Latina, Flacso Ecuador / GTZ / IWGIA / CIESAS / UNICH, Quito, 2010.

5. José Bengoa: La emergencia indígena en América Latina, FCE, Santiago de Chile, 2000.

6. F. Pairican: «Weuwaiñ. La invención de la tradición en la rebelión del movimiento mapuche (1990-2010)» en Enrique Antileo Baeza, Luis Cárcamo-Huechante, Margarita Calfío Montalva y Herson Huinca-Piutrin (eds.): Violencias coloniales en Wajmapu, Ediciones CHM, Temuco, 2015; Eric Hobsbawm y Terence Ranger: La invención de la tradición, Crítica, Barcelona, 2013. Sobre el concepto de «weichafe», v. Héctor Llaitul y Jorge Arrate: Weichan. Conversaciones con un weychafe en la prisión política, Ceibo, Santiago de Chile, 2012.

7. El pueblo mapuche está dividido en identidades territoriales: Lafkenche (gente del mar), Nagche (gente de tierras bajas), Wenteche (gente de tierras cercanas a las nives), Pewenche (gente de la cordillera) y Williche (gente situada al sur del río Cautín).

8. F. Pairican: Malón. La rebelión del movimiento mapuche 1990-2013, Pehuén, Santiago de Chile, 2014. Para mayores detalles, v. el Estudio Longitudinal de Relaciones Interculturales llevado a cabo por el ciir. Entre sus distintas mediciones, da cuenta del apoyo de la sociedad chilena a las reivindicaciones de los pueblos originarios y el crecimiento de la autoidentificación indígena. V. «Estudio UC: los chilenos apoyan cada vez más las demandas indígenas» en www.elri.cl.

9. Elicura Chihuailaf: Recado confidencial a los chilenos, LOM, Santiago de Chile, 1999. V. tb. José Quidel: «La noción mapuche de che (persona)», tesis de doctorado, Instituto de Filosofía y Ciencias Humanas, Universidad Estadual de Campinas, 2020.

10. V. Florencia Mallon: La sangre del copihue. La comunidad mapuche de Nicolás Ailío y el Estado chileno, 1906-2001, LOM Ediciones, Santiago de Chile, 2004.

11. Claudia Zapata y Elena Oliva: «La Segunda Reunión de Barbados y el Primer Congreso de la Cultura Negra de las Américas: horizontes compartidos entre indígenas y afrodescendientes en América Latina» en Revista de Humanidades No 39, 1-6/2019.

12. F. Pairican: «La tumba de Pablo Marchant y la evolución de la Coordinadora Arauco-Malleco» en CNN Chile, 23/6/2021.

13. C. Zapata y E. Oliva: ob. cit.

14. J. Mariman: Autodeterminación. Ideas políticas mapuche en el albor del siglo XXI, LOM, Santiago de Chile, 2012, p. 24.

15. Ad Mapu: «Tercera Asamblea Nacional del Pueblo Mapuche (Resoluciones)» en Civilización, 2/1983.

16. F. Pairican: «Ana Llao: ‘Nosotros vemos la concepción de la vida como un bien común para todos’», entrevista en AAVV: 18 de Octubre: primer borrador. Reflexiones desde abajo para pensar nuestro mañana, Quimantú, Santiago de Chile, 2020.

17. Rafael Otano: Nueva crónica de la transición, LOM Ediciones, Santiago de Chile, 2006.

18. F. Pairican y Rolando Álvarez: «La Nueva Guerra de Arauco: la Coordinadora Arauco-Malleco y los nuevos movimientos de resistencia mapuche en el Chile de la Concertación (1997-2009)» en Izquierdas No 10, 8-9/2011.

19. En relación con la discusión sobre la creación de la bandera, v. «Nación mapuche reafirma su identidad» en Aukiñ, 8-9/1992, p. 3.

20. «Primer Estatuto de Autonomía» en Aukiñ No 25, 10/1995.

21. F. Pairican: «La vía política hacia la autonomía. Una comprensión del discurso y práctica de la Identidad Territorial Lafkenche en torno a la Plurinacionalidad, 1997-2020», inédito.

22. Libertad Pinto: «Rosa Catrileo, constituyente mapuche: ‘Tierra y territorio son la principal preocupación que vamos a llevar a la Convención’» en The Clinic, 18/6/2021.

23. «Sacar la noción de República de Chile del artículo es una especie de símbolo para repensar este Estado Plurinacional» en El Mercurio, 14/8/2021.

24. CIIR: «Estudio de opinión pública: pueblos originarios y nueva Constitución», 25/8/2021, disponible en www.ciir.cl.

25. Conferencia de prensa de los constituyentes mapuche, 7/9/2021.

26. «CAM califica como ‘acto de sometimiento’ presencia de mapuche en la Convención» en El Mercurio, 16/7/2021.

27. F. Pairican: «Aracely Burguete Cal y Mayor y los pueblos originarios: ‘El derecho madre es el de la libre determinación’», entrevista en The Clinic, 9/7/2021.

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