Etiqueta: Judicial

Prisioneros Políticos, Criminalización, tribunales

  • Viuda de Alejandro Treuquil: “Ha pasado más de un mes y no tengo información ni justicia”

    Viuda de Alejandro Treuquil: “Ha pasado más de un mes y no tengo información ni justicia”

    Andrea Neculpan, viuda del werken de la comunidad We Newen de Collipulli, asesinado con un impacto de bala el 04 de junio, acusa que la PDI y la Fiscalía se descartan mutuamente por la dilación en la entrega de cualquier información por el crimen contra su marido, el que sigue bajo completa oscuridad.

    FUENTE: Interferencia.cl

    Más de un mes ha pasado desde el asesinato del werken (vocero) Alejandro Treuquil (37 años) y su viuda, Andrea Neculpan, no ha recibido ninguna información sobre el asesinato de su marido desde la Fiscalía de Collipulli.

    El werken de la comunidad We Newen de Collipulli, fue asesinado con un impacto de bala- mientras buscaba un caballo en la comunidad- que recibió el jueves 04 de junio, mientras que otras tres personas resultaron heridas.

    Nuestro medio conversó nuevamente con la esposa del fallecido, quien tras la muerte, denunció amenazas desde Carabineros al werken en este artículo de INTERFERENCIA: Carabineros le dijo a mi marido ‘te vamos a matar igual’.

    El viernes 12 de junio, Neculpan junto a integrantes de la comunidad We Newen se dirigieron a la Fiscalía en Collipulli para entregar una carta exigiendo justicia por el asesinato del dirigente, denunciando “falta de rigurosidad y demora en la investigación”.

    Pese a que Fiscalía apunta que asesinato de Treuquil puede ser un delito común, Neculpan persiste en sus dudas, debido a los violentos días de represión policial que antecedieron al asesinato de Treuquil. “Es como que a los autores se los tragó la tierra, como que nadie sabe nada de ellos. Me dicen que supuestamente hay un imputado, pero ya ha pasado más de un mes y no hay ningún detenido”, comenta.

    Andrea Neculpan, llevaba trece años de relación con el werken Alejando Treuquil y tuvieron tres hijos, el mayor de 9 años, una niña de 5 y el más pequeño de 4 años. Además, recientemente perdió un embarazo de cuatro meses, después de un allanamiento de Fuerzas Especiales de Carabineros en el cual lanzaron lacrimógenas a su casa.

    El jueves 21 de mayo Alejandro Treuquil, recibió a funcionarios del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), sede La Araucanía, en su comunidad, la cual había sufrido constantes operativos policiales. A Treuquil le quedó pendiente una reunión con el jefe de la sede regional del INDH, conversación en la que aportaría mayores antecedentes para el recurso de amparo que finalmente interpuso la entidad, el miércoles 10 de junio, ante la Corte de Apelaciones de Temuco en contra de la IX° Zona Araucanía de Carabineros de Chile, representada por el general de Carabineros, Carlos González Gallegos.

    Tras el asesinato, comenta la viuda que “la represión policial tampoco ha parado”. Una semana después, sobrevoló un avión y, “entraron Fuerzas Especiales de Carabineros disparando y lanzando bombas lacrimógenas”. Situación que se repitió el sábado 4 de julio; “anduvieron molestando, tirando gases, no fue tan grave, fue algo corto. Hay un particular de arriba que a veces llama a carabineros, su casa está resguardada por carabineros”.

    A su vez, la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía, indaga la denuncia criminal ingresada por el Instituto Derechos Humanos (INDH) sede La Araucanía, para que se investigue la responsabilidad penal de Carabineros respecto a la interrupción del embarazo de la misma Andrea Neculpan, debido al uso desproporcionado de bombas lacrimógenas lanzadas en la comunidad en mayo de este año.

    “No hay avance con la muerte de mi esposo, menos tengo esperanza que haya avance con el tema del embarazo”, dice Neculpan.

    – ¿Ha tenido alguna información respecto al asesinato de su marido?

    – Ha sido muy lento el proceso. No he recibido ninguna respuesta de Fiscalía ni de la Policía de Investigaciones, nada. Es como que a los autores se los tragó la tierra, como que nadie sabe nada de ellos. Me dicen que supuestamente hay un imputado, pero ya ha pasado más de un mes y no hay ningún detenido.

    Me dijeron que habían enviado una carpeta, que se la pasaron a Fiscalía y ya con todas esas pruebas se supone que el fiscal debería dar alguna orden de detención. Al otro día, me llamó Fiscalía, diciéndome que la PDI no les había entregado nada. Entonces como que se tiran la pelota entre ellos. No se sabe cuál de las dos instituciones está mintiendo. No hay justicia, no hay respuestas claras.

    – ¿Por qué cree que no ha recibido respuestas?

    – A mi parecer quieren salvar gente. A mi nadie me saca de la cabeza que sí hay carabineros metidos en esto, ¿cómo no hay culpables o sospechosos? Ha pasado más de un mes, y creo que es porque están encubriendo a agentes del Estado. Se supone que son expertos y no dan ninguna información.

    – Entonces, al igual como señaló en una entrevista anterior con INTERFERENCIA ¿aún cree que Carabineros está involucrado en el asesinato de su esposo? 

    Sí, sigo con la misma sospecha. Si fueron agentes del Estado que lo mataron ¿qué justicia va haber con mi marido? Nada, no habrá justicia por él.

    – ¿Por qué tiene esa sospecha?

    – Por la persecución que le hicieron hasta el último día cuando murió. Ese mismo día que lo mataron, él había salido a hacer unos trámites y todo ese rato lo persiguieron carabineros. Pasó a comprar pan y ahí lo siguieron también. Es obvio que están metidos de alguna forma en esto.

    Como a él le gustaba moverse por su gente, fue a hacer diligencias. Me decía, “si hay personas que tienen tanto, que les cuesta darle a los demás”, y se fue a una empresa a solicitar ayuda porque con la pandemia había mucha gente que no tenía para comer y me dijo, “yo tengo, pero mi gente no”. Lo persiguieron todo ese rato que estuvo afuera.

    – ¿Carabineros?

    – Sí, hasta le sacaron fotos. Cuando lo llamé me dijo, “no sé qué pasará, pero tienes que estar tranquila. Quizás me van a detener”, le respondí, “¿por qué?» Y seguía en el pueblo, me respondió que lo estaban siguiendo mucho los carabineros, “si caigo preso, en la cuenta rut hay una monedas, sácalas no más, que no le falte nada a los niños. Si no llego antes, es porque me detuvieron, pero que no se te olvide comprarle yougurt a los niños”. Eso era una de las cosas sagradas para él.

    Me quedé preocupada y al rato llegó. “Los carabineros me vinieron a dejar hasta el portón”, me dijo. Yo le respondí que no entendía por qué lo seguían tanto. “No sé, incluso yo me entregué hace unos días, les dije que me detuvieran, pero que dejen a mi familia tranquila, dejen de asustar a mis hijos”.

    “No entiendo qué pasa, pero ando con una sospecha que algo me va a pasar, quizás me van a detener, pero como te dije, tienes que estar tranquila”, eso fue el mismo día que lo mataron.

    Por eso nadie me saca de la cabeza que están involucrados, quizás no directamente, pero quizás le pagaron a alguien. ¿Cómo no hay nada aún? Si a él le hicieron los peritajes y pareciera que no hay rastros de quien lo mató [suspira].

    – Esta poca comunicación que relata que ha tenido con Fiscalía ¿es por qué la han llamado o usted los ha buscado?

    – Yo creo que llegó a aburrir llamándolos. Llamó casi todos los días pidiendo una explicación o avance en la investigación. “No le podemos dar más información porque es un caso delicado, que puede llegar a oídos del autor”,  y ahí les respondí, “pero cómo yo voy a decirle eso a quien mató a mi marido”.

    He ido varias veces a Fiscalía y seguiré yendo. Me dijeron que me darían una hora de atención y todavía no me la dan.

    – ¿Cómo ha sido este tiempo para la comunidad luego del asesinato?

    – Ha sido complejo, porque él era el pilar, él era el lider. Levantaba todo. Sin su presencia no es lo mismo, pero hay personas que están tratando de sacarla adelante para que siga a pesar de las dificultades.

    – ¿Y para ustedes como familia?

    – Muy duro. Sobre todo porque no sabemos quién lo hizo, duele más no tener justicia. Algo de conformidad me daría saber quién fue, mirarlo a la cara, saber por qué lo hizo eso y decirle el daño nos hizo como familia y a mis hijos.

    Pasan los días y siento que se están olvidando de la muerte de él. Ya nadie habla de mi marido, espero que la gente no lo olvidé, porque luchó mucho con distintas comunidades. Nosotros no nos vamos a olvidar de él, si es necesario, saldremos mil veces a la calle a pedir justicia. Mis hijos y yo nos descansaremos.

    Ojalá que las comunidades Malleco y de alrededores me sigan apoyando y que busquemos justicia. No podemos olvidar, fue un weifache (guerrero), un werken (vocero).

    – ¿Cómo ha sido este mes para sus hijos?

    – Muy fuerte, sobre todo para el mayor, él entró en una depresión. Lo están tratando, porque además tienen una discapacidad, está recibiendo ayuda de Teletón con psicólogos.

    – ¿Tiene asesoría de algún abogado?

    – No, por un tema de recursos, porque para contratar a un abogado igual se necesita plata. No cuento con esa cantidad de dinero para decir, “voy a contratar un abogado”, porque quedé sola.

    La diputada Emilia Nuyado [PS] se comprometió a que no descaría hasta que se hiciera justicia.

    – ¿Ha tenido algún tipo de comunicación con el Municipio de Collipulli o con el mismo alcalde Manuel Macaya (RN, ex independiente pro-DC)?

    – Me ofrecieron una caja, pero no quiero sus migajas, porque mi marido fue muchas veces a pedirle ayuda. Fue mil veces a pedirle ripio, porque los furgones de los niños quedaban encerrados, y mi hijo que es discapacitado no lo podía venir a buscar.

    El alcalde no quiso ayudar. Así que no quiero su caja, yo no me vendo por una caja de mercaderia. Ni escuchar que ahora venga a dar sus falsas explicaciones. Él es el alcalde de la comuna, tendría que haber hecho algo cuando nos amendaraban en la comunidad ¿donde estaba? Nunca se presentó.

  • Willimapu: Alerta por eventual desalojo a papay María Cristina Ñanco

    Willimapu: Alerta por eventual desalojo a papay María Cristina Ñanco

    El año 1983 un remate efectuado en Santiago, adjudicó el llamado Fundo Nueva Esperanza, a la familia Montaner, hoy un juicio irregular, sin debida representación de la propietaria mapuche, pretende reclamar tierras sobre Títulos de Merced que han tenido dueño desde siempre.

    Por Mapuexpress.-

    Huillimapu, 10 de julio de 2020- Medio de comunicación del huillimapu (Valdivia) publicó este martes 8 de julio la nota titulada con el tag «#UsurpacionMontaner» en que informan sobre la amenaza de desalojo de la papay adulto mayor de 68 años María Cristina Ñanco Huichicoi, a que estaría sometida a raíz de una demanda presentada en tribunales de la zona.

    La nota de Lafken Mawida (en el link AQUI) refiere que la «familia Montaner» por medio de acción interpuesta por el «abogado Juan Pablo Mendez Pineda (…) en contra de la papay María Cristina Ñanco Huichicoi (Rol C-657 2018)», ha solicitado «el desalojo con el auxilio de la fuerza pública con facultades de allanamiento y descerrajamiento».

    Según el medio se trata de «usurpadores de tierras ancestrales», quienes en plena pandemia no tienen ninguna consideración con «una mujer adulto mayor de 68 años de edad«, a quien pretenden «dejar en la calle en pleno invierno«.

    La nota también expone que la papay María Cristina presenta problemas de salud hipertensión arterial, diabetes y diagnóstico de trastorno de ansiedad, este último que pudiera estar asociado y agravado producto de la situación de posible desalojo.

    Mencionan que la papay ha sufrido reiteradas descompensaciones, ya que habría recibido amenazas de manera constante, en torno al posible desalojo desde los territorios en donde ha vivido toda su vida.

    La vocera, Gina Martini Vargas, explica la situación actual en la que se encuentra la orden de desalojo en el territorio costero de Valdivia, específicamente en Los Pellines frente al cruce con Las Minas:

    «Hoy día estamos frente a una amenaza muy grave de desalojo a nuestra querida papay… el tema parte el año 83´ con un remate efectuado en Santiago, sobre el Fundo Nueva Esperanza… Pía Montaner pretende reclamar otras tierras, sobre Títulos de Merced y territorios que han tenido dueño desde siempre y que todos los vecinos conocemos. Este es un abuso, es un robo descarado», sostuvo.

    También hizo un llamado a todas las comunidades, a los vecinos y vecinas del territorio a estar muy atentos y a NO PERMITIR ESTE DESALOJO, menos en momentos de pandemia.

    Noticia en desarrollo…

  • Panguipulli: Absuelven a Lawentuchefe acusada de usurpación de su propio territorio ancestral

    Panguipulli: Absuelven a Lawentuchefe acusada de usurpación de su propio territorio ancestral

    El predio en el que ha vivido su familia por más de 100 años, tiene carácter indígena. La justicia absolvió a una autoridad mapuche, a quien se le acusaba de usurpar un terreno en base a un reclamo de una inmobiliaria.

    FUENTE: Radio Bío Bío

    En en un juicio simplificado, el Juzgado de Garantía de Panguipulli dictó el veredicto absolutorio en favor de Juana Manquecura Illapán, quien es “lawentuchefe” (autoridad ancestral mapuche), quien vive en un terreno de 24 hectáreas en el sector de Pullinque, en donde mantiene un “Menoko” (fuente de agua), como sitio para el cultivo de plantas medicinales.

    El lugar era reclamado por la Inmobiliaria La Reina y otros dos particulares, que también integran la empresa, querellándose en su oportunidad por el delito de usurpación. Argumentando que son dueños del lugar y acusaban a Manquecura además de impedirles el acceso, desde 2016 a la fecha.

    Sin embargo, la absolución de la acusada se da luego que ni la Fiscalía ni los querellantes pudieron acreditar la existencia de esos delitos, descartando cualquier responsabilidad penal.

    Según la Defensoría Penal Mapuche, la enajenación de los terrenos hecha en 1999 años con motivo de una permuta no tendría validez o al menos sería discutible. En esa oportunidad la CONADI sostuvo que el predio no tenía la calidad de tierra indígena, indicando lo contrario 20 años más tarde.

    «Acreditamos una certificación de la misma CONADI emitida en 2018 que daba cuenta que el terreno (…), históricamente ha sido ocupado por personas indígenas, la señora Juana y su familia, al menos, habrían vivido u ocupado ese terreno desde el año 1911», sostuvo la defensora pública Beatriz Bertrán.

    La lectura del fallo quedó fijada para el viernes 20 de diciembre, a las 13:00 horas, cuando el tribunal explique los alcances de su decisión.

  • Autodefensa jurídica, el trabajo cotidiano del Lof Temukuikui

    Autodefensa jurídica, el trabajo cotidiano del Lof Temukuikui

    Hoy en el lof Temukuikui los comuneros han dejado de trabajar el campo para defender a uno de ellos. A finales de octubre, el joven Alexis Queipul Morales (21) fue detenido por carabineros una marcha en Temuco. Le han formalizado por porte de elemento explosivo, lo que puede significar una condena entre 3 y 5 años de privación de libertad.

    Por Clemént Perrot, Corresponsal.-

    Wallmapu, 15 de diciembre de 2019 – A finales de octubre, el joven Alexis Queipul Morales (21) fue detenido por carabineros una marcha en Temuco, se trata de un joven mapuche sin antecedentes, con una carpeta de investigación “que no tiene mucho”, según las palabras del abocado de la Defensoría Penal Mapuche.

    Lo que fiscalía tiene en la carpeta de investigación es un vídeo de una cámara pública, donde se ve al joven lanzando una botella indistinta, y la palabra de un carabinero que afirma que explotó sobre un vehículo policial, sin que se pueda comprobar tal afirmación con más imágenes.

    Sin embargo, es esta una crónica de la cotidianidad en el lof Temukuikui, donde su longko debe destinar la mitad de la semana a gestiones de autodefensa jurídica, y permite describir una situación más amplia, de la cotidianidad y la normalización del mal funcionamiento de las instituciones jurídicas chilena en el trato de los imputados de origen mapuche.

    Hace muchos años que las comunidades mapuches viven bajo criminalización, represión judicial constante y militarización de su territorio.

    Las autoridades del lof Temukuikui, encabezadas por el longko Víctor Queipul, con la fuerza de la experiencia y de las condenas injustas (que acaban en la mayoría de los casos con la liberación sin compensación por sobreseimiento), tuvieron que transformarse en expertos jurídicos.

    Leen las carpetas de investigación, aconsejan a los abogados o demandan el cambio de abogado cuando, consideran, no cumple el nivel de exigencia. Sobre todo, desarrollaron una estrategia que tiene tres ramas: la defensa jurídica, la defensa política y la defensa cultural.

    En esta estrategia de autodefensa en la justicia penal, desde la comunidad, las condenas penales imputadas a comuneros mapuche son siempre consideradas como condenas políticas, que hacen parte del contexto mayor de las demandas de recuperación territorial y de autodeterminación.

    En este contexto, la defensa jurídica desarrolladas por el abogado, con el apoyo de las autoridades tradicionales, no es suficiente. Se fortalece el proceso jurídico con la presencia constante de los comuneros al frente de los juzgados, de las cárceles e instituciones

    Se busca, además, que el caso sea abordado considerando las características culturales del imputado: su forma de relacionarse a la tierra, sus costumbres y, en especial, sus derechos ante el derecho internacional como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, entre otros.

    Al respecto se tiene que añadir la mediatización de la detención, es decir la reivindicación publica del contexto político del caso, “para que no sea juzgado como cualquier winka”, como dice el Lonko Victor Queipul, afirmando que “no existe la igualdad ante la ley” para los presos mapuche y que por lo tanto se hace necesario estos niveles adicionales de defensa jurídica.

    En el caso del joven Alexis Queipul, la defensa jurídica es reforzada por la defensa cultural y política: unos veinte miembros de la comunidad vienen hoy a la cárcel de Temuco para demandar a ver el comunero, conocer las condiciones de detención y pedir a que sea transferido a la cárcel de Angol, donde podrá contar con la cercanía de sus familiares y un contexto de detención que permite, aunque sea parcialmente, el respeto a la cultura mapuche.

    Esto pasó, por ejemplo, en una ocasión que cortaron el pelo de un preso mapuche sin su consentimiento. De acuerdo a la rakiduam mapuche, un weychafe puede elegir mantener su pelo largo como signo de fuerza. Intervenir el cuerpo de una persona indígena es un acto de altamente simbólico que puede entrañar la condena a las instituciones del Estado, por atentar contra la identidad cultural del comunero, lo que cualquier abogado difícilmente podría hacer notar o defender de manera correcta.

    Lo que se logra con la estrategia jurídica asumida desde las instituciones mapuche y sus representantes los longko, dada la capacidad del grupo para gestionar la situación procesal de los detenidos en términos políticos, es demostrar a los agentes penitenciarios que cualquier abuso será el objeto de repudio del pueblo mapuche y, posiblemente, de una querella futura.

    En el Chile actual, la justicia no tiene que demostrar la culpabilidad de un mapuche,  consideran que en la práctica son las comunidades las que tienen que demostrar su inocencia, sabiendo que va pasar largos meses de prisión política antes de tener cualquier decisión y que van a tener que dejar sin atender su campo y su ganado en cada ocasión.

    Al final, el caso avanzó más en un día que durante las tres semanas anteriores, dejando el joven prisionero con más determinación y alivio para enfrentar su prisión preventiva en la cárcel, ya que, se tiene que recordar, ese tiempo lo está pasando sin que se lo declarara culpable.

  • Bariloche: Joven mapuche cambió su apellido por el de su comunidad de origen

    Bariloche: Joven mapuche cambió su apellido por el de su comunidad de origen

    Patrocinado por una defensora oficial y una jueza de Familia lo autorizó y ordenó al registro Civil otorgarle la nueva documentación. Acudió a la Justicia para pedir el cambio de su apellido por el de su abuela materna y la comunidad mapuche de la que es integrante.

    FUENTE: Río Negro.com

    En Puelmapu un joven mapuche acudió a la Justicia para pedir el cambio de su apellido por el de su abuela materna que lo crió y que coincide con la denominación de la comunidad mapuche de Bariloche que integran, con la cual el joven tiene fuertes lazos y arraigo familiar.

    El caso, que se basa en el derecho a la identidad de las personas, fue impulsado por la defensora de pobres y ausentes Paula García Oviedo. La jueza de Familia Cecilia Criado hizo lugar al planteo y concedió el cambio de apellido ordenando al Registro Civil que extienda la nueva documentación al joven, cuya identidad fue reservada por el Ministerio Público que dio a conocer la medida judicial.

    Según informó el organismo público, el joven ahora tiene apellido compuesto que coincide con el de la comunidad mapuche a la que pertenece y su arraigo como integrante de esta comunidad fue fundamental en el pedido de modificar su apellido.

    El cambio de nombre está contemplado en el artículo 69 del Código Civil y Comercial de la Nación que establece que se puede proceder solo “si existen justos motivos a criterio del juez. Entre otros, el seudónimo cuando hubiese adquirido notoriedad, la raigambre cultural, étnica o religiosa y que la persona se vea afectada en su personalidad y que esto pueda acreditarse”.

    En el caso de este joven, la defensora oficial valoró que tiene un “fuerte arraigo familiar e intensos lazos sociales con la comunidad mapuche”.

    Destacó además que fue criado por sus abuelos maternos y para el joven llevar el apellido de sus abuelos “implica ser nombrado por aquellos que le han otorgado realmente su identidad y formaron parte de la constitución de sus valores”.

    La jueza Criado contempló que en este caso la solicitud de cambio de apellido se encuentra estrechamente vinculada a la identidad del joven ya que “se siente identificado con los apellidos de sus abuelos, los cuales tienen además raigambre mapuche, y el portarlo enaltecería el orgullo del presentante y lo reivindicaría como parte integrante de una comunidad a la que pertenece”.

    La magistrada, que emitió el fallo en julio aunque recién se da a conocer, indicó que el nombre es un atributo de la personalidad que es inmutable pero no absoluto y que admite modificaciones, por eso concedió el cambio.

  • Se inicio preparación del Juicio Oral por desalojo de Campamento Mapuche Williche en Chiloe

    Fuente: werken.cl

     

    El martes 9 de Junio, se produjo una nueva audiencia por el caso del desalojo al Campamento Williche en Castro el 20 de Septiembre de 2014, durante el cual se produjeron enfrentamientos entre fuerzas especiales y las poblaciones aledañas a la toma, y en el que resultaron detenidas 8 personas, las cuales fueron formalizadas en Enero, y para las cuales la Fiscalía propuso salida alternativa de fijar domicilio y mantenerse alejado del lugar de la toma.

    Hace una semana atras se cerró el caso para estos 8 personas, 2 pobladores Comité Oportunidad Williche, 2 del Comité Amulen, 3 pobladores poblaciones aledañas, 1 persona Comunidad Wicha Pucatue.

    Aparte de las 8 personas detenidas el día del desalojo, también fue imputado y formalizado el dirigente Mapuche Emilio Guaquin, en el mes de Enero. Su proceso sigue hasta el día de hoy en que a diferencia de los 8 detenidos el día del desalojo, la Fiscalía negó cualquier salida alternativa, por lo que se fijó fecha para preparación de juicio oral para el día 27 de Julio.

  • Presentan Recurso de Amparo a favor de comuneros y niños/as Mapuche de Trapilwe por violencia policial

    Este 5 de junio, se presentó un recurso de amparo preventivo ante la Corte de Apelaciones de Temuco,  por graves hechos de violencia al Lof Mapu de Trapilwe en la comuna de Padre las Casas por parte de agentes estatales policiales de fuerzas represivas de carabineros, irrumpiendo a comuneros que transitaban por el camino público, lugares ceremoniales y la casa del lonko de la comunidad, afectando a niños y niñas.

    La acción de amparo fue presentada por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) a favor de veinticinco integrantes de la comunidad Mapuche, incluyendo niños y niñas. En una de las partes de los fundamentos, se hace referencia al desequilibrio que este tipo de actos violentos genera en las familias del territorio “No resulta indiferente que los funcionarios de carabineros hayan ingresado a reprimir a los comuneros amparados hasta el lugar mismo en que realizan su llellipun, sus rogativas, en el exterior de la casa del logko, por cuanto significó la invasión de un espacio de especial significación religiosa; a su turno, Joaquín, de 8 años, asiste con su experiencia vital y la observada de los miembros de su comunidad, a un proceso en que el equilibrio individual y colectivo se ve quebrantado a raíz del uso desproporcionado de la fuerza por parte de un tercero que irrumpe en un espacio de refugio en el que se efectúa la comunicación con las fuerzas y espíritus superiores del universo”, actos que propician daños al bienestar de las personas y sus familias, que en cultura mapuche se conoce como “Weza Felen”.

    El recurso fue encabezado por la directora del INDH, Lorena Fries y con el patrocinio de los abogados: Marcos Rabanal, Pablo Rivera y Rodrigo Bustos, incluyendo una serie de registros gráficos y testimonios de los afectados.

     

    Los hechos 

    El día 23 de Abril de 2015 se da cuenta al INDH de la Región de la Araucanía que un grupo de comuneros/as de la comunidad de Trapilwe habrían sido reprimidos vehementemente por funcionarios de las Fuerzas Especiales (FFEE) de Carabineros de Chile, en un camino público del Sector Selva Chica de la comuna de Padre Las Casas y, al interior del predio y alrededores de la casa del Logko Juan Curín de esa comunidad. En ese contexto habría resultado un joven herido, siendo además detenidas dos personas adultos mayores y, mientras se encontraba al interior de la casa del Logko de la comunidad, resultó afectado por el uso de gases disuasivos un niño de 8 años de edad.

    Conforme los relatos de los amparados, la comunidad se comenzó a reunir alrededor de las 06:00 A.M. para hacer una rogativa en la casa del Logko Juan Curín Huaiquivil, debido al estado de salud de su esposa doña Cristina Rain, quien señala encontrarse en tratamiento con machi para sus dolencias. En razón de ello se realizó una ceremonia religiosa, un llellipun, en el área inmediatamente circundante a la casa, al aire libre, mismo lugar en el que a menudo efectúan rogativas con distintos propósitos. Se trata de un lugar de especial significación cultural que la comunidad, en el ejercicio de su religiosidad, ha destinado a la práctica de sus ceremonias, en el que, además, confluye su organización socio – política. 

    Culminada la ceremonia en cuestión, alrededor de las 08:15 de la mañana, un número importante de los comuneros y comuneras que se habían congregado, abandonan el área circundante a la casa del Logko Curín y deciden desplazarse por el camino interior de la comunidad hacia otro camino público de uso general; sin embargo, no avanzaron más que unos 50 metros en dirección sur a través de él, cuando se percatan de la presencia de Carabineros que llegaban a alta velocidad en sus vehículos y se instalan en la intersección de ambos caminos, impidiendo la circulación.   Esa intersección, a su vez, camino de por medio, marca el deslinde del predio de la familia Becker y que lo separa de los predios de los comuneros.

    La llegada intempestiva de Carabineros y su actividad encaminada a impedir el libre tránsito por el lugar da pie a gritos de los comuneros, mismo momento en el que comienzan los disparos de gases lacrimógenos y balines con escopetas antidisturbios de parte de los funcionarios de Carabineros.   Ante dicho escenario desplegado a partir de la inmediata represión de los funcionarios de Fuerzas Especiales de Carabineros, el grupo de personas inicia el regreso a la casa del Logko salvo 2 personas, una señora que en su concepto y dadas las características del terreno de ese lugar, en que el camino presenta pendiente no podía correr, por lo que se refugió entre unos árboles a unos 20 metros al interior del camino, en la propiedad de un comunero, lugar en el que fue detenida. Por su parte, otro comunero de 70 años, mientrras que Carabineros despeja el lugar, decide cruzar el camino público para ingresar al predio de su esposa, lugar en el que, al llegar a su casa, es detenido.  Como se dijo, el resto de los comuneros/as, se refugia en la casa del logko y sus áreas próximas, lugar en que desarrollan sus ceremonias religiosas.  

    Cabe hacer presente que desde la casa del logko al camino público interior de la comunidad hay una distancia aproximada de 70 metros y luego desde ese punto, siguiendo a través de él hacia el Sur-Oste, curva con pendiente descendente, hay una distancia aproximada de 180 metros al otro camino público que como se dijo, marca el inicio del deslinde del predio de la familia Becker.  

    Con posterioridad al momento en que los comuneros se retiran hacia la casa del Logko, los funcionarios de FFEE de Carabineros se dan a la tarea de reprimirlos al interior de ese predio, en los alrededores de la construcción,  en el patio en que se habían congregado y que han destinado a sus ceremonias religiosas, efectuando directos ataques con bombas lacrimógenas a la casa propiamente tal y a las personas.  Ingresaron en vehículos policiales los 70 metros desde el camino que cruza la comunidad a través del acceso privado del predio, viraban a 10 metros de la casa y lanzaban gases lacrimógenos y disparos de perdigones.

    Ingresaron vehículos por el predio vecino de la comunera doña María Aillapi Marin, contiguo al predio del logko al Este, separado por cerco y sin su autorización, avanzaron a orillas del cerco unos 120 metros aprox. al interior en dirección norte para luego virar e ingresar por ese sector al predio del logko a la altura de unos galpones y bodegas dispuestos en ese lugar, a un potrero despejado desde el cual continuaron lanzando gases disuasivos y disparos de perdigones, atropellando además con los vehículos aves y otros animales.

    También ingresaron al predio por la parte Norte y a través de predios vecinos, funcionarios de Carabineros a pie, quienes se ubicaron al costado de una plantación de pinos, a unos 50 metros del sector de galpones y bodega y desde ese lugar también lanzaban gases disuasivos y efectuaban disparos de perdigones, producto de lo cual resultó herido un joven de 24 años, con un perdigón que se incrustó al costado derecho de la cabeza a la altura de la oreja.

     

    Los impactos de las bombas  lacrimógenas caen sobre la casa y también chocan contra la paredes y luego caen al suelo, comenzando a girar liberando el gas que ingresa por espacios pequeños de la casa habitación en el que se refugiaban parte de los comuneros/as y un niño de 8 años, por lo que el interior se llena del humo de gases disuasivos.

  • Acogen querella contra funcionarios de Carabineros por torturas contra adolescentes Mapuche

    La presentación realizada por el INDH inicialmente ante la Corte de Apelaciones,  fue acogida y derivada a tribunales civiles, acogiéndose su competencia a favor de los adolescentes C. E. A.D., de 14 años de edad; H. R. M. C., de 16 años de edad y; D. A. M. C., de 17 años de edad; todos domiciliados en la comunidad Coñomil Epuleo de la comuna de Ercilla,  y en contra de Carabineros de la IX Zona Araucanía representados por el Sr. General de Carabineros don Nabih Soza Cárdenas.

    La Corte de Temuco estimó que en los hechos que conocieron, eventualmente podría configurarse la comisión de un delito por parte de los funcionarios aprehensores, por lo que determinó “… ordena la remisión de copia de todos estos antecedentes al Ministerio Público, junto a los registros de audio y video…” acompañados al recurso de amparo que originalmente se presentó el 31 d enero del presente año.

    Los antecedentes daban cuenta de la existencia de apremios ilegítimos o tortura en el marco de reivindicaciones territoriales de la comunidad, y, por esta razón el día Lunes 1 de Junio de 2015, en el Juzgado de Garantía de Collipulli, el Instituto Nacional de Derechos Humanos  presentó una querella criminal en contra de los funcionarios de Carabineros que resulten responsables, en calidad de autores, cómplices o encubridores, por el delito de torturas, descrito y sancionado en el artículo 150 A del Código Penal, cometido en perjuicio de los adolescentes, la que fue acogida en el día de hoy.

    Al respecto, el abogado del INDH, Marcos Rabanal, señaló: “El día de hoy (3 de junio), el Tribunal de Garantía de Collipulli acogió a tramitación la querella criminal presentada por esta institución respecto de los adolescentes de la comunidad Coñoemil Epuleo que resultaron detenidos en el marco de una reivindicación territorial. El tribunal ordenó remitir la querella al Ministerio Público. Lo importante de esta resolución es que se ratifica la tendencia sostenida en el último año por la Corte Suprema e incluso el Tribunal Constitucional, en el sentido que cuando se trate de la investigación de delitos en que se vea involucrado a civiles y militares, la competencia queda radicada en la justicia ordinaria y no la justicia militar”.  

    Los hechos datan del 26 de octubre de 2014, cuando en el contexto de un proceso reivindicatorio, los adolescentes amparados, junto a miembros de la comunidad a la que pertenecen, se encontraban al interior del predio de Hernán Bayer, ubicado en la comuna de Ercilla, razón que motivó el desalojo de los ocupantes por parte de Carabineros. Ante las acciones emprendidas por la policía, los adolescentes, como otros comuneros, comienzan a abandonar el predio en cuestión, y luego de ello emprendieron la huida pues se hacía inminente su detención hasta llegar a colinas cercanas a una distancia aproximada de 1.600 metros de lejanía del predio cuya ocupación motivó el accionar de Carabineros.   En ese lugar se produce la detención de los 3 adolescentes que permanecían juntos con un adulto, y es el  momento en que se inicia la serie de actos que motivan la querella.

    “Del relato de los hechos, podemos concluir que las víctimas sufrieron diversos apremios tanto físicos como psíquicos, golpes y agresión verbal, los que se agravan en consideración a que ellos fueron infringidos o proferidos teniendo en consideración su pertenencia a la identidad mapuche; y las amenazas proferidas por quienes se encuentran facultado por ley para portar y usar armas, representa un escenario fáctico posible de un mal mayor cuando en el contexto de la detención son víctimas de tortura, violencia injustificada en contra de un detenido reducido, esposado, vulnerable.   Queda en evidencia que las agresiones sufridas fueron actos plenamente voluntarios y conscientes, realizados por funcionarios públicos, carabineros, tanto en el conjunto de actos que pretendían persuadir a los adolescentes, a través del temor, que abandonaran el sitio de resguardo en el que se encontraban, amenazas y acción de prender fuego a los matorrales en los que se encontraban, como, aquéllos actos de violencia física – causante de lesiones –  y, sicológica perpetrados al momento y con posterioridad a la detención de que fueron objeto”, indicó el abogado Rabanal.

    Desde la creación del Instituto Nacional de Derechos Humanos en 2010, se han  presentado más de 30 querellas por apremios ilegítimos que se han dado en contextos de privación de libertad bajo la custodia de agentes de diferentes órganos del Estado. La tortura es un crimen internacional, que constituye una grave violación a los derechos humanos.

    La pena contemplada para este delito es la de presidio o reclusión menores en sus grados medio a máximo, esto es desde 541 días a 5 años.

     

     

     

  • Corte Suprema acogió amparo en favor de comunero que estaba en prisión preventiva

    El máximo tribunal determinó la libertad de Claudio Huentecol, quien había sido imputado en un supuesto caso de robo de un camión cargado con trigo.

    Fuente: dpp.cl

    Por unanimidad, la Corte Suprema acogió el pasado viernes 22 un recurso de amparo interpuesto por la Defensoría Regional de La Araucanía en favor del comunero mapuche Claudio Huentecol, quien permanecía bajo prisión preventiva.

    Huentecol había sido responsabilizado de participar en un supuesto caso de robo con intimidación de un camión cargado con trigo en el sector del fundo La Laguna, en Pailahueque -comuna de Ercilla- el 29 de enero pasado.

    No obstante, su defensa pública argumentó que la entrega de la carga y el vehículo no se efectuó bajo amenazas, sino que correspondió a un acuerdo entre las partes, que fue presenciado por funcionarios policiales y que consta en el parte correspondiente.

    RECURSO DE AMPARO

    Previamente, el Juzgado de Garantía de Collipulli había ordenado la libertad de Huentecol, pero dicha determinación fue revocada posteriormente en dos oportunidades por la Corte de Apelaciones de Temuco.

    Ante ello, el abogado Marcelo Pizarro, de la Unidad de Estudios de la Defensoría Regional de La Araucanía, presentó un amparo en favor del comunero. Tras ser declarado inadmisible por el tribunal de alzada, el profesional presentó una apelación ante el máximo tribunal, que fue acogida.

    La Corte Suprema señaló que efectivamente la Corte de Apelaciones de Temuco había cometido una ilegalidad al momento de sostener la prisión preventiva, porque la ley exige que una decisión como esa esté justificada y motivada”, explicó Pizarro.

    Agregó que “ello sirvió para que la Corte Suprema se metiera al fondo de la causa y confirmó que de acuerdo con los antecedentes que existían del caso, no se da por configurada la existencia del delito ni la participación del imputado, tal como había dicho el juez de garantía de Collipulli”.

    De esta manera, Huentecol quedó en libertad el mismo viernes y sólo permanece bajo las medidas cautelares resueltas por el juzgado de garantía, que contemplan la permanencia en su comunidad y la prohibición de acercarse al propietario de la siembra aludida en el caso.

    INFORME ANTROPOLÓGICO

    Entre los antecedentes contemplados en el proceso se contó la consideración de aspectos relacionados con la interculturalidad, apoyados por un informe antropológico realizado por la defensa pública.

    De acuerdo con dichos datos, el fundo en el que realizaba labores el dueño de la siembra, José Astudillo, es objeto actualmente de negociaciones con la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), con el objetivo de entregar dicho terreno a la comunidad Coñumil Epuleo, de la que Huentecol es werkén: fue en esa calidad que encabezó las negociaciones con el dueño de la cosecha, apunta el abogado Ricardo Cáceres, de la Defensoría Penal Mapuche.

    El profesional explica que en este caso el peritaje antropológico “fue de vital importancia”, porque permitió demostrar que en este caso no existió en el comunero la intención de robar, sino de negociar el producto de la tierra “que él considera usurpada”.

  • Continúa juicio por atropello de dirigente y comunicador mapuche Julio Chehuín

    Este viernes 29 de mayo a las 10:20 de la mañana se realizará una nueva audiencia en el juicio a través del cual el dirigente mapuche Julio Chehuín busca justicia. Esto luego de casi cuatro años desde el brutal atropello que lo dejó al borde de la muerte.

    Por Pamela Sepulveda – Red de Medios de los Pueblos

    «Yo sentiré que se hace justicia el día que ganemos esta lucha por el derecho a la educación pública gratis y de calidad«, sostiene Julio Chehuín, quien sufrió la amputación de una de sus piernas tras ser atropellado en el marco de las movilizaciones de agosto de 2011.

    Este viernes 29 de mayo a las 10:20 de la mañana se realizará una nueva audiencia en el juicio a través del cual el dirigente mapuche Julio Chehuín busca justicia. Esto luego de casi cuatro años desde el brutal atropello que lo dejó al borde de la muerte.

     

    Era una jornada de movilización social por la educación y el dirigente y también comunicador de la Radio Werkén Kurruf, se manifestaba en apoyo a las demandas estudiantiles.

    Yo fui atropellado en la primera movilización del 2011, llamado por los dirigentes como el jueves negro. En esa oportunidad, atendiendo el llamado de la dirigencia de la época salimos a manifestarnos en la población Lo Hermida, de Peñalolén. Ahí fui envestido por un sujeto que se dio a la fuga”, recuerda Julio.

     

    El conductor del vehículo era el abogado Marcelo Plaza Partarrieu, quién fue requerido por el tribunal como imputado como autor de cuasidelito de lesiones graves gravísimas en grado de ejecución consumado y darse a la fuga del accidente de tránsito con lesionados.

    Tras el accidente, Chehuín sufrió la amputación de una de sus extremidades y permaneció varias semanas en estado grave con riesgo de muerte en el Hospital Salvador. Luego de su recuperación inició un duro y costoso periodo de rehabilitación y nuevas operaciones, que ha podido sobrellevar gracias a su fortaleza y a la solidaridad de numerosas agrupaciones y comunidades mapuche, organizaciones sociales y comunitarias de Lo Hermida; así como también recibió el apoyo del pueblo venezolano, país donde permaneció por más de un año y medio en terapia de rehabilitación.

    Desde entonces mantiene un juicio contra el responsable, cuya posibilidad de encontrar justicia podría nublarse este viernes, en la audiencia de procedimiento abreviado a la que fue citado.

    Al parecer la quieren cerrar sin hacer justicia. En todo caso yo sentiré que se hace justicia por mi pierna, el día que ganemos esta lucha por el derecho a la educación pública gratis y de calidad«, enfatizó.

    Julio Chehuín es dirigente mapuche y comunicador de la Radio Werkén Kvrruf de Isla Huaipi, además es miembro de la Red de Medios de los Pueblos (RMP).