Desde comienzos de junio estuvo en paro el Colegio de Profesores de Chile, que exige del Estado un trato acorde con el papel clave de los maestros dentro de la sociedad. En este escenario, la Red por los Derechos Educativos y Lingüísticos de los Pueblos Indígenas de Chile (DELPICH) ha  alzado su voz para expresar que el discutido Proyecto de Ley de Desarrollo Profesional Docente que impulsa el Gobierno tampoco considera las demandas de derechos lingüísticos, educativos y culturales indígenas.

Comunicaciones ANIDE

Boletin Pichikeche

Elisa Loncon, magíster, doctora, y académica universitaria con especializaciones en educación intercultural y dirigente de la Red, destaca la importancia que tiene la educación intercultural bilingüe (EIB), no sólo para los indígenas sino para toda la sociedad. Y desde este punto de vista explica las falencias del proyecto del Gobierno. “Si la modalidad de EIB no aparece en el proyecto, los pueblos indígenas y sus lenguas no aparecen”, advierte.

– ¿En qué medida o de qué forma el Proyecto de Ley de Desarrollo Profesional Docente que está impulsando el Gobierno puede incorporar las demandas de derechos lingüísticos, educativos y culturales de los pueblos originarios de Chile?

 – Mediante el reconocimiento de los derechos a la educación de los pueblos indígenas. Esto implica reconocer que el derecho es individual y también es colectivo; que las demandas específicas de los pueblos indígenas pertenecen a los derechos colectivos, por cuanto es necesario ampliar el debate de los derechos a la educación. Hoy el proyecto no reconoce a los pueblos, no habla de derechos colectivos y su resultado es que ninguna de las medidas propuestas para mejorar la calidad se refiere a la modalidad de educación intercultural bilingüe, la EIB. En el proyecto hay dos temas que perfectamente pueden abrirse a los derechos lingüísticos educativos indígenas: la inducción y la mentoría. Y también lo referido al valor unitario mensual de la subvención según modalidad educativa.

La EIB se ha desarrollado vía dupla pedagógica, que es un sistema de mentoría donde un profesor de aula ayuda al educador tradicional hablante del idioma indígena a implementar la asignatura (aymara, quechua, rapanui o mapuzugun). Con éste sistema también se trabaja con los pueblos likan antay, kaweskar, selknam y yagan. Una de las debilidades de la experiencia es la falta de formación del profesor mentor en interculturalidad, que podría ser corregida con la presente ley. Hoy no hay instituciones, universidades que especialicen recursos humanos en interculturalidad y en revitalización lingüística.

En un foro en la USACH (Universidad de Santiago de Chile), he planteado esta debilidad a la diputada Camila Vallejo, y ella me respondió que este vacío lo tendría que cubrir el CPEIP (Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas), como instancia de capacitación. Desde mi mirada, las universidades deben incorporarse al debate y sumarse a la solución del monolingüismo y monoculturalismo del país, formando profesores interculturales y bilingües en lenguas indígenas; no basta un curso de CPEIP, para cultivar y valorar la lengua indígena y para avanzar al pluralismo.

Respecto al segundo punto, el proyecto establece “el valor unitario mensual de la subvención por alumno para cada nivel y modalidad de la enseñanza”. Si la modalidad de EIB no aparece en el proyecto, los pueblos indígenas y sus lenguas no aparecen. La pregunta es, si la reforma educativa no le asigna un presupuesto a la EIB, cómo se incentivará al docente que trabaja en EIB, y con qué recursos se financiará la EIB, la formación de recursos humanos especializados, los materiales didácticos, los recursos técnicos especialistas que den seguimiento a la experiencia, etc.

Aquí hay una responsabilidad del Estado. Éste debe garantizar recursos para el ejercicio de los derechos de los indígenas; los indígenas no somos entes de segunda categoría; nuestros derechos son derechos humanos fundamentales, hemos vivido dos siglos de postergación y hoy no se puede seguir manteniendo el sistema, porque los indígenas nos estamos defendiendo con las mismas armas que ellos emplearon para oprimirnos, y su discurso sobre el derecho cae en contradicción con la opresión en que nos encontramos, como ocurre con el discurso del derecho a la educación Nuestra lucha es por derechos y aquí se debe resolver el conflicto del reconocimiento del derecho indígena  a la educación.

– ¿En qué consisten estos derechos, y en qué documentos, oportunidades o presentaciones han sido planteados?

– La reforma educativa debe garantizar el derecho a la educación a los pueblos indígenas. No sólo debe hacer asequible la escuela a las comunidades, sino también garantizar que el sistema educativo respete su lengua, cultura e identidad, la educación propia, el derecho a decidir un modelo educativo. En este caso, garantizar el derecho a la educación implica respetar derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas. Para ello se debe aplicar el Convenio 169 de la OIT, el artículos 4, el artículo 6 sobre consulta indígena y los artículos 27 y 28, sobre educación y enseñanza en la lengua indígena. La Ley General de Educación, referido al principio que releva el valor de la diversidad y los artículos 29 y 30 también respaldan la EIB; así también es válido  el artículo 30 de la Convención de los Derechos del Niño. La ley indígena quedó chica porque faculta al Estado a definir con los pueblos una EIB, pero cuando los pueblos piden educación propia, su demanda queda sin apoyo legislativo institucional. No obstante, ello es parte del derecho a la autodeterminación, entendida como el derecho a decidir.

Por lo anterior, el Estado debe eliminar las barreras legales que impiden el ejercicio del derecho colectivo a la educación y generar más instrumentos jurídicos administrativos que lo garanticen. Esto es reconocer los derechos lingüísticos, permitir la educación propia de las comunidades,  reconocer otras maneras de expresión a la interculturalidad como son los programas de inmersión en lengua indígena, reconocer la territorialización de la educación. Por ejemplo, si una comunidad decide que a través de la escuela quiere proteger su cultura, su lengua y territorio, el Estado debe permitirlo, porque los pueblos tenemos derecho a la autodeterminación y eso es el poder de decisión sobre nuestro futuro. Cuando digo proteger un territorio, me refiero a la protección del ecosistema y el Kvme mogen, -el buen vivir que resulta de la convivencia comunitaria y el respeto a la naturaleza-, formar profesionales, ingenieros, técnicos, que sepan valorar las propiedades de su tierra, su suelo, de generar cultivos pertinentes y explotación no extractivista, por ejemplo.

– En la formación que reciben los profesores, ¿se incluye la formación en educación intercultural bilingüe? ¿Dice algo al respecto el Proyecto Ley de Desarrollo Docente?, Y si no es así, ¿qué debería proponer?

 – En la formación inicial de los docentes en las universidades del país no se exige una asignatura que desarrolle competencias interculturales y bilingües en los profesores. Las universidades forman profesores monos: monoculturales, monolingües, monomodelo, que reproducen el modelo neoliberal. Y necesitamos profesores pluri, plurilingües, pluriculturales, pluridesarrollistas, es decir, que acepten otros modelos de desarrollo.

Las universidades no miran el pensamiento indígena, siguen produciendo profesores y profesionales  insensibles a la causa de los pueblos originarios, insensibles a la naturaleza; excepto los que tienen la carrera de EIB, que forman a los alumnos en materias generales de interculturalidad. No obstante, todas las universidades debieran incorporar en su eje formativo los principios básicos de la interculturalidad y estrategias didácticas metodológicas que trabajen con la diversidad en el aula, y sobre todo porque además implica el debate de los derechos colectivos.

– ¿Qué fórmula se puede proponer para fortalecer las competencias de la dupla pedagógica?

– Hay una serie muy amplia de materias que se pueden impulsar en este sentido. Entre otras, la formación intercultural del profesor que participa de la dupla pedagógica; el reconocimiento al educador tradicional como portador de saberes comunitarios indígenas; el reconocimiento a la educación propia; crear incentivos para el docente que hace interculturalidad y para el docente indígena hablante de lenguas indígenas; realizar el seguimiento técnico a las escuela que implementan el sector de lenguas indígenas para indicar mejoras; apoyo en recursos para promocionar el valor de las lenguas indígenas y de la diversidad. Hoy el esfuerzo del Estado para la educación intercultural es mínimo.

 – ¿Puede un sistema institucional establecer exigencias para un educador tradicional? ¿Qué se debe considerar para fortalecer su rol? 

– La pregunta no es si puede o no, porque en efecto lo hace. La pregunta es, ¿por qué el sistema educativo no reconoce la educación propia, comunitaria, a la que pertenece el educador, si ya está trabajando con él? El problema es la ausencia de un protocolo de inclusión del educador tradicional en el sistema. Se le exige cumplir con la educación escolarizada cuando nunca se preparó para eso. Aunque se le den cursos, se le debe aceptar como conocedor de saberes tradicionales, que responde a una educación propia. El/ella en la mayoría de las veces responde a su formación comunitaria, no al sistema escolar. Creo que el MINEDUC aquí comete un error, porque lo que necesita no es escolarizar al educador, sino formar profesores interculturales, formar profesores de lengua indígena; el educador tradicional lo va a necesitar siempre, pero no puede transformar su naturaleza. Lo que falta es el reconocimiento de la educación comunitaria propia y lineamientos de convergencia y complementación entre los sistemas, el propio y el escolar. Para hacer EIB se debe valorar y reconocer ambos sistemas.

El fortalecimiento del rol de educador pasa por un decreto de reconocimiento de la educación propia, que respalde al educador como experto indígena, como sabio comunitario. Y que además valore y ponga en valor su trabajo, porque hoy se le paga una miseria.

– ¿De qué manera el Estado o las instituciones pueden aportar a la revitalizar las lenguas indígenas?

–  Con una política lingüística de reconocimiento y valoración de las lenguas indígenas, es decir, con una nueva política, plurilingüe y pluricultural. Hoy las instituciones son monolingües y son incapaces de funcionar en el plurilingüismo. Las instituciones las hacen las personas y éstas fueron formadas en una sola lengua, en una sola cultura, por eso no saben ponerse en el lado del bilingüismo; el sistema los enmarcó en la hegemonía lingüística del castellano. Para avanzar hacia una sociedad bilingüe o plurilingüe hay que educar en el plurilingüismo a todos, no sólo a un grupo, porque ello genera exclusión.

– ¿A qué se debe la limitada cobertura que ofrece hasta ahora el programa EIB y cómo se puede expandir?

– A la falta de política de educación pluricultural y bilingüe, y a la falta de valoración de las raíces indígenas del chileno. En la mayoría de los chilenos corren genes de Lefxaru, de Janekew; mapuche, aymara, yagan etc. pero el chileno es despreciativo de lo indígena, y así cae en el autodesprecio sin siquiera darse cuenta. Y esto es muy triste; por eso mira para Europa y no mira sus raíces. Cuando se les plantea bilingüismo en lengua indígena, te dice  por qué no el chino, o el inglés que es más útil. Cuando le dices interculturalidad, dice por qué no multiculturalidad dado a que estamos con tantos migrantes. Con estas preguntas evidencia la evasión de su identidad y de sus raíces. También falta reconocimiento del derecho de los pueblos a tener su propia lengua. Solo se otorga el 0,046% del presupuesto educativo a este tema, porque no es prioritario en las actuales políticas y con este recurso no se avanza.

– ¿Existe alguna iniciativa hacia el gremio de los profesores para que se haga parte de las demandas culturales, educativas  y lingüísticas de los pueblos indígenas?

– No, no se ha generado ninguna  propuesta y esto es una debilidad. Los profesores indígenas marchan, se movilizan en el movimiento de profesores, no por los derechos colectivos de sus pueblos o por el pluralismo cultural lingüístico. Las veces que como indígenas hemos entrado a dialogar con los profesores chilenos para incorporar nuestras demandas, nuestras propuestas han terminado diluidas en las demanda generales. Así, por el arte de la hegemonía del castellano desaparecen nuestros derechos, las palabras que lo representan, se blanquean las propuestas, se saca lo indígena, sale la interculturalidad y finalmente vemos con decepción la ausencia del componente intercultural bilingüe y del derecho de los pueblos, que demoramos horas en ponerlo en la discusión. Por otro lado, el Colegio de Profesores no hace suya la interculturalidad ni la demanda del pluralismo lingüístico. El movimiento indígena ha planteado el tema de la corresponsabilidad del chileno en la opresión indígena; pero esto no se traduce aún en una iniciativa conjunta, en un petitorio por los derechos a las identidades, a las raíces, por los derechos colectivos, por los  derechos a la pluralidad cultural.

En este caso, las entidades democráticas y sociales deben dar espacio autónomo a los indígenas para presentar sus propuestas sin hegemonía política, cultural, ni lingüística. Las demandas indígenas, los derechos humanos colectivos, deben ser respetados por todos los ciudadanos, así se pueden pluralizar las demandas y las políticas.

Necesitamos una mesa indígena para negociar nuestras demandas frente al Estado en esta reforma educativa, y representarnos nosotros mismos. No necesitamos mediadores de comisiones que después borran todo con su lenguaje y en esto el movimiento estudiantil y de profesores pueden acompañarnos solidariamente.

– ¿En qué situación se encuentra  el Proyecto de Ley de Derechos Lingüísticos que se presentó hace ya bastante tiempo al Congreso?

– Está en el Congreso durmiendo, por falta de prioridad del gobierno y por falta de recursos. Los indígenas compartimos el territorio para que exista este país que se llama Chile, ahora el Estado debe reparar, reconocer que ha sacrificado a nuestros pueblos y antepasados para existir. Queremos justicia y reparación en recursos económicos que nos ayuden a revitalizar nuestras lenguas, culturas y territorio.

Entonces demos paso al debate de la Ley de Derechos Lingüísticos. Ahora. Es urgente.