En lo que fue calificado como un “paso histórico para Chile y los chilenos”, desde la sociedad civil se celebró la aprobación unánime por parte de la Comisión de Recursos Hídricos, Sequía y Desertificación de la Cámara de Diputados de varias indicaciones que modifican la institucionalidad de los recursos hídricos, entre las que destacan: el agua como bien público y derecho humano que debe ser garantizado por el Estado, y la indivisibilidad jurídica del agua con respecto de la tierra en el caso de territorios indígenas.