Texto: Diego de León Sagot
Fotos y vídeos: Carmen Lucía Castaño
Ginebra, 5 de junio.- Escuchar a Jaime Wentxuyan (Huenchullan) Kayul, vocero de la comunidad mapuche autónoma de Temucuicui, ubicada en las cercanías de Temuco, lleva de manera inevitable a pensar en el colonialismo. No en el de los siglos pasados, sino en uno actual, vivo, en el cual reside la esencia de la denominada “problemática mapuche”.
El líder mapuche se encuentra actualmente en una gira por varios países de Europa para dar a conocer la situación de las comunidades indígenas en Chile. Durante su paso por Ginebra, tuvimos la ocasión de entrevistarlo en torno a las principales problemáticas que afrontan, así como las demandas que plantean ante mecanismos internacionales de derechos humanos.
La disputa por el territorio
Para las comunidades indígenas asentadas en la región de La Araucanía, la ecuación es simple: retomar las tierras que les fueron arrebatadas cuando el Estado de Chile, por los años 1860, decidió de forma unilateral desconocer los tratados que habían sido firmados, primero entre los indígenas mapuches y la corona española, y luego con la joven Chile -independizada oficialmente en 1818-, en los que se reconocía la existencia de la nación mapuche, sus territorios y su autonomía.
De acuerdo con Wentxuyan, a partir de ese momento se inició una política: la de invadir las tierras que eran de la nación indígena, declararlas como territorios fiscales y cedérselas a colonos venidos principalmente de Europa. Aparte de ver minado su territorio, que según el vocero se redujo hasta el 5% del tamaño de las tierras que habitaban, los mapuches fueron prácticamente exterminados a través de la guerra: “fue una invasión militar con guerra de exterminio contra nuestro pueblo”, afirma el líder indígena.
El incumplimiento y la inobservancia de estos tratados es uno de los argumentos de las comunidades mapuches para presentar una denuncia ante la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya, encargada de dirimir diferencias entre Estados. “Los instrumentos internacionales reconocen que estos tratados tienen validez, están vigentes y el pueblo mapuche quiere presentar esta denuncia” para obligar al Estado de Chile a cumplir con esos convenios.
“Fue una invasión militar con guerra de exterminio contra nuestro pueblo”, Jaime Wentxuyan
Para dar ese paso, Wentxuyan explica que quieren crear su propio gobierno. “Se nos hace importante lograr representatividad ante esa Corte que atiende litigios entre Estados… creemos que dentro del derecho a la autodeterminación que nos asiste, se reconoce el derecho al autogobierno y a través de esta figura podemos presentar la demanda”, añade.
Para el Estado de Chile, la fórmula es diferente: la ocupación y la retoma de tierras por parte de comunitarios mapuches es un delito y debe ser sancionado con todo el rigor de la ley. “Con los mapuches las leyes son drásticas”, afirma Wentxuyan, quien explica que este trato hacia las comunidades es fomentado por actores privados a favor de sus intereses y beneficios.
“Los sectores que tienen usurpados los territorios, como las empresas madereras, los consorcios de agricultores, la cámara de comercio y de hotelería, entre otros, han generado presión hacia las instituciones del Estado, como los ministerios y el poder legislativo… sus demandas son atendidas y escuchadas por instancias del gobierno, y la respuesta de éste es enviar mucho más personal represivo a la zona”, donde las comunidades están asentadas o pretenden hacerlo.
“Ha aumentado la presencia policial, con más facultad, mandatada por el gobierno para amedrentar, reprimir y detener a dirigentes de comunidades que exigen devolución de tierras”, sentencia el vocero mapuche, quien explica que a raíz de esta situación se ha desatado una política de criminalización contra quienes se oponen a la expansión de los territorios a manos de empresas, o contra quienes se resisten a abandonar sus tierras frente a la presión de intereses privados.
Wentxuyan calcula que actualmente hay alrededor de 30 comuneros mapuches presos por delitos como atentados a la propiedad privada, contra bienes o contra la policía, aunque asegura que en la última década más de 300 mapuches han sido acusados o condenados; él mismo se incluye en ese número de “presos políticos” como ellos los denominan, puesto que en reiteradas ocasiones ha caído en prisión o ha sido detenido por periodos cortos, marcados por episodios de agresiones y tortura física y psicológica.
Débiles elementos probatorios versus pruebas científicas
Una de las denuncias que Jaime Wentxuyan ha expuesto en su gira por más de 5 países europeos, incluida su visita a Ginebra durante la cual tuvo lugar este diálogo, es la obtención de pruebas científicas por métodos de tortura para justificar sentencias contra líderes mapuches.
Es el caso de Hugo Melinao, quien guarda prisión y cuando fue detenido “se le torturó para extraerle muestra de sangre y ADN” sin haber sido formalmente acusado, lo cual constituiría una violación a las garantías fundamentales del debido proceso. Con esta prueba, afirma Wentxuyan, “se busca condenarlo a más de 20 años de prisión”.
Explica que las autoridades judiciales, en el marco de los procesos contra líderes mapuches, no han mostrado elementos probatorios irrefutables para condenar a los imputados, por lo que ahora “están utilizando estas pruebas para demostrar que las acusaciones tienen sustento”, pero les preocupa que las mismas puedan ser objeto de uso arbitrario.
“El Estado debe ser sancionado por esta vulneración de derechos”, afirma el líder mapuche. “Al obtener por la fuerza una muestra de sangre, no solo se atenta contra garantías fundamentales, sino contra nuestra cultura”. De acuerdo con la cosmovisión propia del pueblo mapuche “la persona no puede ser alterada -por ejemplo al extraerle muestra de ADN-, de lo contrario se provoca un desequilibrio entre el ser humano y la tierra”, explica Wentxuyan.
El caso concreto de Melinao será presentado ante la Relatora especial de la ONU sobre la independencia de jueces y abogados en las próximas semanas, adelantó el vocero mapuche, que se reunió en esta ocasión con representantes de la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, con el propósito de explicar la relación del Estado chileno y los pueblos mapuches, principalmente en materia de administración de justicia.
Restitución de tierras: un asunto “pierde-gana” para privados
A pesar de la complejidad de la relación mapuche-Estado, enmarcada por la criminalización de comunitarios y la negación hacia el pueblo mapuche -su reconocimiento es tarea pendiente a nivel constitucional y una deuda del Estado chileno ante mecanismos de derechos humanos de la ONU que se lo han exigido-, muchas comunidades “han demarcado el territorio ancestral, están ejerciendo el derecho a la libre determinación, han venido ocupando, tomando estas tierras, las están trabajando y defendiendo a favor de las comunidades”.
Algunas de estas tierras han sido adquiridas por el Estado y cedidas a las comunidades con títulos de propiedad, aunque los procesos son lentos y los recursos limitados, según explica Wentxuyan. No obstante, alerta sobre la dificultad del Estado para adquirir propiedades, así como el negocio que supone la restitución de tierras para los propietarios “legales”, que en muchos casos son las propias empresas.
“Los empresarios le asignan valor altísimo a estas tierras, que en definitiva el Estado debiera comprarlas y hacer el traspaso a los mapuches… duplican o triplican el valor de la tierra y en algunos casos el gobierno ha accedido a pagarles cifras enormes”, señala el vocero.
Al elevar los precios, “claramente están diciendo que no tienen intención de devolver la tierra… entonces las comunidades tienen que determinar cómo ellos buscan la manera para recuperar territorio… no se puede esperar décadas para que un derecho sea restituido”, agrega.
De Piñera a Bachelet: cambio en el discurso sin repercusión práctica
Wentxuyan recuerda que cuando hubo cambio de gobierno, tras el fin de la administración de Sebastián Piñera (2010-2014), la actual presidenta Michelle Bachelet manifestó que habría una nueva política y una nueva relación con los pueblos originarios, pero “hemos observado hoy en día, ya pasado más de un año, que el trato continúa siendo la política de negación y el colonialismo contra nuestro pueblo”.
Según el vocero mapuche, el gobierno ha manifestado que enviará un proyecto de ley para crear un ministerio y un consejo de pueblos indígenas, pero, afirma, en ningún artículo de este proyecto se reconoce al pueblo mapuche, al territorio y a su autonomía.
“Creemos que si estos temas no están incluidos en esa nueva ley, se continúa con esta práctica discriminatoria de la política del Estado”, sentencia Wentxuyan. De acuerdo con sus palabras, “este proyecto no fue consultado con los pueblos indígenas y menos con el pueblo mapuche, tal como lo contempla el Convenio 169 de la OIT del cual el Estado chileno es parte… Chile violó estas disposiciones y en cuatro paredes creó esa propuesta”.
Tras su paso por Ginebra, Jaime Wentxuyan continúa su gira por Europa con una visita a Estocolmo en donde participará en el Festival Interkultural. Posteriormente estará en la ciudad sueca de Västerås antes de emprender, el martes 9 de junio, el viaje de retorno a Temucuicui, su comunidad, ubicada a 550 kilómetros al sur de Santiago, la capital chilena.
