La defensa Mapuche Williche del río Pilmaiken y el territorio sagrado a su alrededor lleva al menos 14 años. Hoy, la Machi Millaray Huichalaf enfoca su lucha contra la empresa noruega Statkraft, que opera la hidroeléctrica Rucatayo y está gestionando la construcción de otras dos centrales sobre el río. Sin embargo, la apropiación de estas aguas comenzó hace más de setenta años, cuando el Estado chileno puso en marcha un plan maestro para electrificar el país. En la base de este conflicto está el negocio de la propiedad privada impuesto sobre tierras y aguas.
Por Montserrat Madariaga Caro* – Fuente: lajugueramagazine.cl
Quizás esta historia les parezca familiar. Y no necesariamente porque conozcan los detalles de esta lucha sino porque hay muchos ríos y muchas mujeres indígenas defendiendo la vida y la biodiversidad en Abiayala (territorio nombrado “Latinoamérica” por los colonos). Los proyectos extractivistas son tan recurrentes que es difícil estar al tanto de todas las resistencias que han surgido. Pero les quiero pedir su mayor atención, lectoras y lectores, porque estamos a tiempo de sumar fuerzas para proteger al Pilmaiken y a todas las vidas que pertenecen a este territorio Williche.
El río Pilmaiken se ubica en el límite entre la Región de los Ríos y la Región de los Lagos, nace en el lago Puyehue, cerca de la cordillera de los Andes y recorre 68 kilómetros de Este a Noroeste hasta unirse al río Bueno, que desemboca en el Océano Pacífico en la localidad de La Barra. Su historia transparenta la forma en que el Estado de Chile ha edificado una infraestructura y una política racista anti-Mapuche que enriqueció y sigue enriqueciendo a una élite nacional e internacional con el pretexto del progreso y el bienestar de les ciudadanes.
Como dice el refrán, cuando el río suena es porque piedras trae. Las piedras del Pilmaiken nos recuerdan que seguimos bajo un orden colonial.
PILMAIKEN RESISTE
La segunda semana de julio de este año 2020, la Corporación Cultural-Ambiental Traitraico (@corpo_traitraico) y el estudio de arte DeLight Lab (@delight_lab_oficial) publicaron una serie de fotografías en apoyo a la defensa del Pilmaiken. Las imágenes muestran proyecciones de luz en vivos colores sobre las laderas del río en un anochecer azuloso y naranja. Vemos, por ejemplo, a la Machi Millaray Huichalaf con su kultrun (instrumento ceremonial Mapuche), vemos un pangi (puma), un t’eümül’ (monito de monte), una pilmaiken (golondrina), un chucaw (chucao) y, también, mensajes como “Territorio Sagrado” y “Pilmaiken Resiste”.
Estas intervenciones de arte lumínico son parte de una campaña mayor que continúa en estos días y que incluye videos explicativos de las causas de la lucha y del daño que produce intervenir y estancar las aguas del Pilmaiken para la construcción de centrales hidroeléctricas. La motivación de las y los defensores Williche del territorio es amplificar el mensaje de Kintuante, uno de los principales ngen o espíritus cuidadores de toda la Futa Willi Mapu (el gran territorio del sur). Las y los defensores buscan fortalecer y aumentar la presión social sobre el Estado chileno y la empresa noruega Statkraft para obligarles a abandonar los proyectos.
Ahora es el momento para difundir y sumarse a esta defensa. Lo es porque en medio de la pandemia del COVID-19, de una crisis política-administrativa del Estado, de una revuelta popular interrumpida (pero no ahogada), en medio del dolor, el hambre y la incertidumbre las autoridades políticas chilenas han recrudecido la represión en contra del pueblo Mapuche incentivando el racismo en el país. Lo hemos visto en la violencia policial dirigida a las hortaliceras en Temuco, en el acoso a las comunidades o lof en control territorial de tierras colonizadas—incluyendo al lof We Newen de Collipulli, donde en junio pasado el werken Alejandro Treuquil fue asesinado a balazos por hombres desconocidos. Y lo vemos en la posición intransigente del Estado ante las huelgas de hambre de los presos políticos Mapuche.
Por más de una década, la Machi Millaray Huichalaf del lof Roble-Carimallin ha sido la principal vocera de esta resistencia. Lo que defiende no son los “recursos naturales” y menos la propiedad privada. Todo lo contrario, la Machi reivindica una pertenencia a este río y estas tierras que es histórica, cultural y espiritual:
“Siempre hemos permanecido en el territorio con nuestro kuifi kimun (conocimiento) ancestral —dice la Machi en el video “Territorio Sagrado”—, kuifi kimun que viene a querer desaparecer con estas inversiones extranjeras, que viene a ser asesinado por las represas que al momento de cortar el río, cortan nuestra vía espiritual para poder acceder a otros espacios. Porque nosotros los mapuche somos gente de la tierra, somos gente que estamos ligados directamente a los ríos, a los esteros, a las vertientes, a los árboles, a todo lo que está hoy día sobre la tierra”.
NGEN MAPU KINTUANTE
El río Pilmaiken forma parte de un complejo religioso y ceremonial llamado Ngen Mapu Kintuante ubicado en los sectores de Maiwe-Carimallin y El Roble, a pocos kilómetros de la ciudad de Osorno. Desde tiempos muy antiguos, generaciones de familias Williche de diferentes zonas de la Futa Willi Mapu viajan para reunirse allí a realizar ceremonias como el Nguillatun y el Lepun. Este territorio sagrado está conformado por más de 4 mil hectáreas, de las cuales los lof en resistencia están reivindicando sólo 11 por la vía legal y a través del control territorial, es decir, haciendo uso de éste.
En el complejo ceremonial existe un eltuwe o cementerio de larga data que otorga al Pilmaiken el apodo “río de las almas”, pues por su cause viajan hacia el Wenu leufu—río de arriba o del cielo—los espíritus Mapuche Williche de los cuerpos ya fallecidos que, luego, vuelven a la Ñuke Mapu, a la tierra, para reencarnar en otra vida humana o no humana.
Según Francisco Polla de Corporación Traitraico, la resistencia de los lof del Pilmaiken está “marcando un precedente en la cultura occidental” del país. En Chile, cuando se ha defendido un espacio natural de proyectos hidroeléctricos o mineros como en el caso de la defensa de la Patagonia contra el mega-proyecto HidroAysen, lo que se cuida es la flora y la fauna, la biodiversidad, explica Francisco. “Pero en el caso del Pilmaiken, lo que Statkraft pone en riesgo son los ecosistemas espirituales de los Mapuche Williche”. Esta espiritualidad incluye a las diversas vidas animales y vegetales, al agua, al aire, a la tierra, como también a los múltiples espíritus cuidadores que sostienen al territorio, siendo el ngen Kintuantu el principal.
Actualmente, los lof en resistencia tienen el control territorial de gran parte de la ribera del río. En junio del año 2019, entraron al fundo Carimallin, propiedad de Statkraft donde se edificará la central Los Lagos, luego de acusar a la empresa de profanar el eltuwe (cementerio) y usurpar “patrimonio arqueológico pre-hispánico de la Nación Pueblo Mapuche”.
La empresa informó haber encontrado “trozos de cerámicas y piedras talladas” y dice tener un “plan de rescate” aprobado por el Consejo de Monumentos Nacionales. Con esta determinación, Statkraft prueba que sus intereses están por sobre la espiritualidad Williche, pues los restos no necesitan ser rescatados sino devueltos a la tierra sin más intervenciones al eltuwe.
Esa no es la primera vez que las y los defensores ocupan parte del territorio sagrado. En el año 2011, cuando aún no era Statkraft la corporación que quería construir mas centrales sino la empresa nacional Pilmaiquén S.A. (ya explicaré esta transición), decidieron entrar al predio de Juan Heriberto Ortiz, un pastor evangélico y ex policía de Osorno.
Las y los Williche ocuparon el predio en defensa de los koyam o robles milenarios que Ortiz estaba talando de forma ilegal, según los lof, en complicidad con Pilmaiquén S.A. Al día siguiente, las y los Williche fueron desalojados por fuerzas especiales de la policía, pero ganaron un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Valdivia que prohibió la tala y reconoció su derecho consuetudinario al uso del territorio para hacer rogativas. La Machi solicitó a la CONADI (Corporación Nacional de Desarrollo Indígena) la compra de esas tierras, pero dos años más tarde, en 2013, Pilmaiquén S.A. aparece como dueño del predio.
Hoy, el complejo ceremonial tiene una ruka, un ngillatuwe y un rewe, además del eltuwe o cementerio. Si Statkraft construye las centrales Osorno y Los Lagos se inundaría parte de este territorio sagrado y se cortaría el acceso al río donde se instalen las turbinas. Las centrales alterarían la vida de las plantas, las hierbas medicinales, las aves, los animales, las vidas del río. Las almas Williche perderían su ruta hacia el Wenu Leufu. La reproducción de la vida Mapuche una vez más se vería amenazada.
LA MACHI Y GOLIAT
En su página web, Statkraft afirma que su misión es liderar al mundo hacia un futuro sustentable. La empresa noruega, con una historia de más de cien años, dice tener “altos estándares éticos” y proyectos que respetan el medio ambiente. Se caracteriza por incluir acciones de mitigación, compensación y reparación para reducir el impacto social y medioambiental de sus obras. Statkraft es un gigante del negocio de las energías renovables y limpias con presencia en Europa, Asia y Sudamérica.
En el río Pilmaiken, Statkraft administra la central hidroeléctrica Rucatayo, que compró a la empresa Pilmaiquén S.A. en 2015 y que vende energía al Sistema Interconectado Central desde el año 2012. La central Los Lagos está en construcción y se proyecta en actividad para el año 2022. La central Osorno está siendo rediseñada luego de que las y los Williche en resistencia lograran exigir legalmente una nueva evaluación ambiental. Según la página web, Statkraft está realizando “un proceso de información, diálogo profundo y participación con las comunidades”, pero la Machi Millaray Huichalaf acusa a la empresa de dividir a las comunidades (entro en esto más adelante).
De acuerdo a la legislación chilena, la ley 20.257 (2008), las centrales Rucatayo, Los Lagos y Osorno no caben dentro de la clasificación de Energía Renovable No Convencional (ERNC), porque su potencia es mucho mayor a 20.000 kilowatts (de 52 a 58 megawatts), por lo tanto, no son centrales pequeñas. Por otro lado, son centrales de pasada: se captura agua en un punto del río, se le desvía a través de un canal artificial hacia la casa de máquinas donde se genera la energía y, luego, se devuelve el agua a su cause original.
Este sistema es menos dañino para el medioambiente que las centrales de embalse, pero también se necesita inundar partes del territorio: primero, para construir un canal artificial y, segundo, para crear una laguna de regulación o reservorio que puede ser de diferentes tamaños. Según la página web de Statkraft, la construcción de la central Los Lagos incluye un reservorio de “aproximadamente 191,9 hectáreas” y una represa o muralla de 35 metros de altura “similar a un edificio de 12 pisos”.
Un estudio del año 2015 que repasa la literatura sobre los impactos de las pequeñas centrales de pasada—las que son de bastante menor tamaño que las centrales de Statkraft—determina que su habilitación tiene consecuencias negativas sobre los organismos y los ecosistemas de los ríos pues altera el hábitat físico de éstos al construir una barrera y modificar su flujo. Por ejemplo, puede alterar el suelo y el material orgánico, puede alterar la cadena alimenticia y puede alterar las rutas migratorias de los peces, entre otros impactos. Esto sin tomar en cuenta la importancia espiritual y cultural que los ríos puedan tener para los grupos humanos que viven a sus alrededores.
Entonces, retomando la misión de Statkraft, ¿cómo se puede ser respetuoso y, al mismo tiempo, alterar el flujo de un río y el ciclo vital biodiverso de un territorio? ¿Cómo se puede tener altos estándares éticos y, a la vez, negar la espiritualidad de un pueblo al cortar la ruta de las almas Williche?
La industria de la energía “verde” es un negocio billonario a nivel mundial. Lo que permite a Statkraft intervenir un río al otro lado del planeta es un sistema económico global que sigue funcionando bajo la ideología del colonialismo, donde la “naturaleza” es un bien a transformar para producir riquezas para una élite.
La Machi Millaray, junto con las y los defensores del Pilmaiken son los David de esta batalla. Para ser fuertes y proteger al Ngen Mapu Kintuante, ellas y ellos invocan a su ancestro el toki Kallfullikan, llamado Caupolicán en la historia oficial chilena, como David invoca a Jehová. El Goliat de esta lucha, hoy, es Statkraft pero ha tenido muchos nombres. Porque Statkraft es sólo un capítulo de una larga historia donde el Estado y la clase política-empresarial del país tienen mucha responsabilidad en el despojo, el acoso y la criminalización de las y los Williche. Pero de eso les contaré más adelante. Volvamos al principio.
CAPITALISMO COLONIAL… Y SU CONTINUIDAD
El año 2006 marca el inicio de la resistencia pública de las y los Mapuche Williche de la zona. Pero esta historia de despojo sistémico comienza con la intervención directa del Estado de Chile en nombre del “progreso” a mediados del siglo XX.
En 1944, bajo la presidencia de Juan Antonio Ríos se inauguró la Central Hidroeléctrica Pilmaiquén. Su construcción fue fundamental para el plan de industrialización del país que había impulsado el expresidente Pedro Aguirre Cerda. Unos años antes, en 1939, el Instituto de Ingenieros y la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) presentaron un Plan de Acción Inmediata para la Energía y los Combustibles que proponía aumentar la generación de electricidad para beneficio de la agricultura, la minería (carbón, oro, salitre) y las empresas de manufacturas. El contexto era la post-crisis económica mundial de 1929. El informe comparaba a Chile con Estados Unidos y Holanda para establecer un atraso notable del país en niveles productivos.
Según los ideólogos de este plan, inyectar energía a la producción era igual a aumentar la riqueza per capita, es decir, de todos los habitantes de Chile. Esta falacia, de alguna manera, es la primera piedra en la privatización de los ríos, pues las ganancias en el capitalismo colonial, base de la economía chilena, se distribuyen desigualmente según una jerarquía de razas.
Las nueve centrales proyectadas en el plan serían construidas con dineros de la CORFO y con dineros privados de las empresas eléctricas ya existentes, las mismas a las que el Estado le vendería la energía producida por las aguas de los ríos. La lógica detrás de este financiamiento mixto era incentivar la inversión de dineros privados. En otras palabras, las aguas del Pilmaiken y de otros ríos de Chile, desde el Aconcagua hacia el sur, se pusieron parcialmente a la venta hace ya casi un siglo.
En 1943, cuando la central en el Pilmaiken estaba en plena construcción, se constituye ENDESA, la Empresa Nacional de Electricidad, como una sociedad anónima. CORFO es el socio mayoritario y el resto de las acciones pertenece a particulares. Similar a CORFO, ENDESA nace con un pie en el mercado, pavimentando su futuro tránsito a la total propiedad privada. Bajo su control quedan las nuevas generadoras hidroeléctricas, sus subestaciones y las líneas de distribución de la energía, incluyendo la Central Pilmaiquén.
El discurso de ENDESA y del Estado en este tiempo se centra en la promesa de la modernidad y el progreso infinito. En un inserto de difusión publicado en la revista Zig-Zag en 1944 se observa una fotografía de gran tamaño que captura las aguas del Pilmaiken cayendo majestuosas desde un salto. El texto dice: “Los pueblos miden su progreso por el potencial eléctrico que aprovechan”. En otras palabras, ahí donde hay vida animal, vegetal y humana la república chilena ve materia prima explotable y riquezas económicas.
Este ethos político es una continuidad del orden de la colonia y, por tanto, va de la mano con prácticas genocidas en contra de los pueblos indígenas de los territorios donde se quiere invertir.
HECHA LA LEY, HECHO EL DESPOJO
Cuarenta años después de la construcción de la Central Pilmaiquén, una nueva ley permite la total privatización de las aguas terrestres—ríos, lagos y otros cuerpos acuosos—en Chile. El nuevo Código de Aguas (Decreto con Fuerza de Ley 1122) se pone en vigencia el año 1981, bajo la dictadura de Augusto Pinochet.
Con el dictador como jefe de Estado, miembros de la élite criolla conocidos como los Chicago Boys pusieron en práctica un plan económico llamado El Ladrillo y privatizaron aspectos de la vida tan básicos como la salud y la educación generando hambre y pobreza para una gran mayoría (para detalles leer el libro de Naomi Klein La doctrina del shock). Con este plan en marcha, Chile inaugura el capitalismo neoliberal y una de sus consecuencias es que el agua deja de ser un bien público.
Antes del Código de Aguas de 1981, Chile se regía por el código de 1951. Allí se establece específicamente que los “ríos y todas las aguas que corren por cauces naturales son bienes nacionales de uso público”. Pero hay excepciones, las vertientes y corrientes que nacen y mueren dentro de una misma “heredad” son propiedad de los dueños de las riberas y son traspasables de generación en generación.
El Estado chileno de 1951 funciona en base a la lógica colonial de que la tierra puede reclamarse como propia, riberas incluidas. Por lo tanto, los colonos criollos y extranjeros de esa época tenían privilegios sobre las aguas. Pero, aun tomando en cuenta esta ventaja de los colonos, el código de los 50’ protegía las aguas al declararlas bienes nacionales o propiedad fiscal, siendo su uso y goce de dominio público.
Esta dualidad público-privada es llevada a su extremo con el Código de Aguas de 1981: en el artículo 5º dice que “las aguas son bienes nacionales de uso público” y en el artículo 6º, que el “derecho de aprovechamiento es un derecho real que recae sobre las aguas y consiste en el uso y goce de ellas”. La ecologista Sara Larraín en su estudio “El agua en Chile: entre los derechos humanos y las reglas del mercado” (2012) fija su atención en esta dualidad y concluye que el agua es definida a la vez como bien público y como bien económico. Según Larraín, esto permite que, bajo resguardo constitucional, se pueda hacer uso del agua como si fuese una propiedad privada.
Las periodistas Tania Tamayo Grez y Alejandra Carmona López en el libro El negocio del agua (2019) revelan paso a paso cómo se fue preparando el camino de la privatización total. En 1981, se crea una comisión especial para redactar el nuevo código a cargo de Luis Simón Figueroa del Río, subsecretario del Ministerio de Agricultura. Las periodistas relatan: “en sus mentes había un objetivo claro, concebir al recurso natural como una propiedad privada que estuviera en función de los medios de producción”. Uno de los asesores clave de este proceso es Hernán Büchi, Chicago Boy que ese año se desempeñaba como subsecretario de Salud. Su nombre aparece también en la historia particular de privatización del río Pilmaiken.
Una vez que el Código de 1981 entra en vigencia, el agua terrestre es concebida como un bien comercial explotable y un sector a invertir en la bolsa. Los ríos, las vertientes, los lagos, las lagunas y demás cuerpos acuosos son enajenados de su corporalidad, de su territorialidad y de sus relaciones con otras vidas. El código, forjado en base a un capitalismo salvaje y a una dictadura cívico-militar criminal—no olvidemos las violaciones a los derechos humanos—, viene a reforzar la estructura colonial del Estado chileno al poner en peligro los vínculos culturales, espirituales e históricos de las aguas con comunidades indígenas y campesinas, las que son vistas como inferiores y, por tanto, irrelevantes.
PILMAIQUÉN SOCIEDAD ANÓNIMA
Un año después de que el nuevo código es puesto en vigencia, en 1982, ENDESA convierte a la Central Hidroeléctrica Pilmaiquén en una sociedad anónima y publica la licitación para su venta. Esta operación forma parte de un plan para privatizar todas las filiales de ENDESA. En la presidencia de la compañía estatal está Hernán Büchi. Sí, el mismo Chicago Boy del Código de Agua privatizador. Así, la central, junto con los derechos de agua asociados a ésta, se abre al mercado y el río Pilmaiken—río con peces, con algas, río que es vida y porta vida, río sagrado para los lof Williche—queda a disposición de los “hombres de negocio”.
Ese mismo año, Chile sufre las consecuencias de un crisis económica internacional y pasa algún tiempo sin novedad para la central. Pero, en 1986, una sociedad de inversiones llamada IMSA compra la totalidad de las acciones. Un año después, IMSA pasa a llamarse Empresa Hidroeléctrica Pilmaiquén S. A. Su directorio es encabezado por Andrés Concha e integrado, entre otros, por Hernán Büchi y Bruno Phillipi, quien había participado en el proceso de segmentación de ENDESA en diferentes filiales.
Esta secuencia de eventos es relatada por la periodista María Olivia Monckeberg en su libro El saqueo de los grupos económicos al Estado chileno (2001). Monckeberg describe la venta de la central Pilmaiquén como una de las más polémicas dentro de la ola de privatización de las filiales, porque empleados del Estado involucrados en el proceso de privatización de ENDESA—Büchi y Phillipi—, luego, aparecen en el directorio de la central ya privatizada.
En el año 2004, una comisión investigadora de la Cámara de Diputados llama a esta venta “otro caso patético de privatización”. Según el informe, la central tenía un valor de tasación de aproximadamente 50 millones de dólares y fue puesta a la venta en solo 14. Pero IMSA realmente pagó US $7 millones en dinero porque el resto fue absorbido como bonos de deuda externa.
Finalmente, la central Pilmaiquén, alguna vez símbolo de un Estado moderno e industrializado—y no olvidemos, racista—, fue vendida en 1999 por Pilmaiquén S.A. al Fondo Scudder, una empresa dedicada a la inversión privada en energía en Latinoamérica que pertenece al Zurich Financial Group (Suiza). Con este negocio, el río Pilmaiken es integrada a los flujos financieros globales, cerrando el círculo de la economía capitalista colona y extractivista. Actualmente, la central pertenece a ENEL Green Power del grupo italiano ENEL, trasnacional que en Chile controla el negocio de la energía.
Pero eso no es todo.
Pilmaiquén S.A. volvió a adquirir derechos sobre el río Pilmaiken esta vez bajo el nombre HidroSur. Durante la primera década del siglo XXI, la empresa proyecta tres nuevas centrales: Rucatayo, Los Lagos y Osorno. El año 2006 la Corporación Nacional del Medioambiente, CONAMA, aprueba la construcción de la hidroeléctrica Rucatayo. El proyecto fue polémico pues la empresa no tomó en cuenta en su Estudio de Impacto Ambiental a la comunidad Williche de Treguaco y porque se inundarían aproximadamente 20 hectáreas de bosque nativo para la edificación de la represa.
En el año 2015, como he mencionado, Stakfraft compra la central Rucatayo y los proyectos Los Lagos y Osorno. La empresa noruega continúa con el legado de Pilmaiquén S.A., pues según la Machi Millaray Huichalaf, las y los defensores del río, ésta intenta imponer sus proyectos en formas cuestionables (que explico más abajo). Por otro lado, la resistencia siempre ha sido contra una estructura estatal que practica un racismo anti-indígena, con una concepción de la tierra, los bosques, las aguas, las aves y los animales no domésticos como bienes comerciales explotables.
Tal cual sucede en muchos lugares de este conteniente colonizado, Chile perpetúa la imposición de la propiedad privada y la explotación sobre diversas vidas en la era de lo que podríamos llamar el imperio del capital financiero, corporativo y trasnacional heteropatriarcal y racista.
RACISMO JUDICIAL, ESTATAL Y CORPORATIVO
Las y los defensores del Pilmaiken han experimentado diversas situaciones hostiles que, de alguna manera, están conectadas con los intereses privados en el río. Relacionar estos eventos entre sí devela una laxa fiscalización de los organismos del Estado y un sesgo del sistema judicial y policial. Catalina Manque en su artículo “Pilmaiken: La fuerza espiritual del Kintuante frente a las hidroeléctricas” afirma: “una trama de funcionarios estatales, empresarios chilenos y multinacionales presionan para imponer centrales hidroeléctricas”. En la historia del río y la lucha de sus defensores se puede leer una complicidad estatal-corporativa.
Uno de los episodios más violento de esta lucha se vivió en el año 2013, cuando la Machi Millaray Hiuchalaf, junto al Machi Tito Cañulef, Fennix Delgado, Alex Bahamondes, Cristián García Quintul y Facundo Jones Huala fueron acusados de un “ataque incendiario” en el fundo Pisu Pisué. De madrugada, el 30 de enero, la Policía de Investigaciones allanó agresivamente sus casas y les detuvo. La Machi Millaray Huichalaf, el Machi Tito Cañulef y los demás defensores del Pilmaiken estuvieron en el Centro Penitenciario de Llancahue, Valdivia, durante 6 meses antes de que les dejaran esperar el juicio en sus domicilios.
Mientras tanto, Pilmaiquén S.A. tramitó la compra de una concesión minera que se ubica en el mismo sector donde está el centro ceremonial Ngen Mapu Kintuante. Hasta el día de hoy, la empresa chilena mantiene esa concesión (Clara 21/60). Además, en ese tiempo, relata Manque, “la empresa abrió licitación para comenzar a construir la central hidroeléctrica Osorno”. Estos dos hechos evidencian la nula intención de Bruno Phillipi, tecnócrata de la dictadura, y demás integrantes del directorio de la empresa Pilmaiquén S.A. de respetar los derechos consuetudinarios, menos aún espirituales, de los lof en resistencia.
La Machi y los Williche en lucha fueron acusados por la Fiscalía, la Unidad de Víctimas del Ministerio del Interior y la Gobernación de Ranco. Según la abogada defensora Karina Riquelme y su colega Pablo Ortega esto constituye “una triple representación del Estado … generando una suerte de inflación acusatoria, que entorpece la adecuada defensa de los comuneros”.
El proceso judicial evidenció el sesgo anti-mapuche de los querellantes. Por ejemplo, se consideró como prueba la vida privada de los imputados. También, un psicólogo de la PDI (Policía de Investigaciones) señaló que la enseñanza del mapuzugun promovía la violencia entre las nuevas generaciones de Mapuche. “Un verdadero escándalo—escriben Riquelme y Ortega—criminalizar la recuperación del idioma, que es un derecho reconocido por el derecho internacional e incluso por la propia Constitución Chilena.”
En 2014, el Machi Tito Cañulef, Fennix Delgado y Alex Bahamondes fueron absueltos, pero la Machi Millaray fue declara culpable de encubrir “especies” que podrían haber sido utilizadas en el incendio, es decir, en un delito no probado. La sentencia no sorprende a quienes participan o siguen las recuperaciones de tierras. Las académicas Francisca Fernández y Doris Ojeda en referencia a este y otros juicios, en el año 2015, afirman: “la criminalización de las autoridades sagradas se ha convertido en la nueva modalidad de persecución política al pueblo mapuche”.
Cristián García Quintul sería absuelto en 2015 y Facundo Jones Huala, quien se encontraba prófugo en 2014, fue hallado culpable y condenado a 6 años de cárcel en 2018. En el juicio, la parte querellante presentó las mismas pruebas del juicio de 2014 donde no se halló culpables del incendio. Hoy, Facundo es uno de los presos políticos Mapuche en huelga de hambre.
Los lof en resistencia en diferentes ocasiones han acusado ser vigilados con drones y aviones, tener los teléfonos intervenidos y ser seguidos por vehículos particulares. Miembros de la misma Policía de Investigaciones en el año 2014 confirmaban ante tribunales el haber realizado investigaciones “autónomas” sin una orden judicial o de sus superiores. Además, las y los defensores del río han declarado públicamente que Pilmaiquén S.A. y, luego, Statkraft han intentado dividir a las comunidades ofreciendo beneficios a algunas familias (Manque también escribe sobre esto). Incluso, según la Machi Millaray Huichalaf, Statkraft le indica a la CONADI, la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, a quiénes quiere registrar como integrantes de personas jurídicas indígenas serviles a sus proyectos.
Los lof del Pilmaiken conocen sus derechos, saben que las empresas necesitan informar a la CONAMA (Corporación Nacional del Medioambiente) si hay comunidades indígenas que serán afectadas por sus proyectos. De haber, el Estado debe llevar a cabo una consulta previa, libre e informada siguiendo las pautas del Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo). Gracias a este conocimiento, a su organización política y control territorial las y los defensores han podido detener la construcción de la central Osorno.
En enero de este año, El Tribunal Ambiental de Santiago acogió la reclamación de la Machi Millaray Huichalaf y la Comunidad Indígena Koyam Ke Che presentada dos años antes en contra del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) por ratificar en el año 2016 la Resolución de Calificación Ambiental otorgada en 2007 por la CONAMA al proyecto central Osorno, a pesar de no contar con una consulta en las condiciones que exige el Convenio 169.
La CONAMA, en 2007, aprobó el proyecto dos meses antes de que en Chile entrara en vigencia el Convenio 169, pero exigió a la empresa obtener el consentimiento de las 3 comunidades que identificó en su informe y de las autoridades ancestrales de la zona antes de comenzar sus faenas. Según la Machi Millaray Huichalaf en este proceso y en todo este tiempo no se ha tomado en cuenta a los lof que se oponen al proyecto. Además, la CONADI no ha llevado a cabo un proceso de consulta como el tratado internacional exige.
Sobre esta resolución la Machi Millaray escribió: “El fallo viene a ratificar que el SEA desde un principio actuó de manera racista, negando la existencia de las comunidades que estamos en resistencia”. Al incurrir el SEA en un “vicio de ilegalidad”, se anula su interpretación y aprobación del proyecto. Por otro lado, Statkraft decidió rediseñar la central Osorno ahora que se evidenciaron sus faltas. En definitiva, el fallo demuestra cómo la administración ambiental del Estado se ha hecho parte de un entramado de prácticas que resultan en la repetición de la lógica colonial, donde una élite corporativa crea su riqueza a expensas de otras comunidades.
Hoy, las y los defensores del Pilmaiken persisten y han lanzado la campaña que inicia esta crónica. Las bellas imágenes llenas de vida contrastan con la necropolítica extractivista que acusan los lof. Este trabajo de visibilización lleva años realizándose. Existen videos, documentales, entrevistas, comunicados, boletines, en fin, bastante documentación donde Mapuche Williche de esta zona no solo denuncian la construcción de las centrales, sino que comparten aspectos de su “ecosistema espiritual”, como diría Francisco Polla. Este es un conocimiento que normalmente está reservado sólo a Mapuche. Aún así, sigue siendo vital movilizar a más personas por la defensa del río y del territorio sagrado.
-No seamos insensibles a la realidad que está pasando en la tierra. Eso más que nada, lamngen [hermana, hermano], es un mensaje dirigido a todas las personas, mapuche y no mapuche que van a escuchar este mensaje—dice la Machi en el documental Chile: Por la defensa del río Pilmaiken, fuera las centrales (2017) de Prensa Opal.
POR ÚLTIMO, UN LLAMADO
Las personas que no somos Mapuche debemos saber que ni idealizar el buen vivir Mapuche (o ¡apropiarlo!) ni celebrar el We Tripantu van a detener el despojo y el racismo Estatal, empresarial y civil. Un primer paso hacia ser alidas, aliados y aliades es comprender que el concepto de propiedad privada o pensar que se puede ser dueño de la tierra y las aguas responde a una ideología violenta: el colonialismo, porque perjudica a quienes ya viven en esos territorios, a las personas humanas, los bosques, los peces, la vegetación, los animales, las aves, los insectos, los minerales y las rocas.
En la liberación Mapuche puede estar la liberación de las personas no Mapuche que habitan el territorio “chileno” y “argentino”, sobre todo de personas que también son oprimidas por una élite político-empresarial global acumuladora de riquezas a expensas de muchas muertes. La pandemia he hecho evidente, al menos en Chile, los niveles criminales de la codicia criolla que ya sospechábamos.
Muchas personas, indígenas y no indígenas, están haciendo el trabajo de re-educarse oyendo/leyendo las voces que históricamente han sido oprimidas, no sólo voces Mapuche, sino negras, Indígenas, trans, no-binarias y de mujeres. Cada persona en su camino anti-colonial puede aportar a la liberación desde sus habilidades y posibilidades particulares. Pero, seamos claros: imaginar un futuro más justo involucra, ineludiblemente, devolver el territorio a quienes han sido sus mejores cuidadores. Ustedes saben quiénes son.
*****
