En este momento mientras en el museo ferroviario de Temuco, se realiza un encuentro con dirigentes mapuches, gremiales, parlamentarios y la ministra del interior, desde el movimiento autonomista continúa con la conmemoración del Tratado de Tapihue de 1825, y le recuerdan a este espacio convocado por las Universidades y el Gobierno la vigencia de este tratado y la necesidad de hablar sobre las acciones de genocidio contra el pueblo mapuche. Reproducimos comunicado público.
Sres/as Encuentro 3xi
Presente
De nuestra mayor consideración.
Las Comunidades Mapuche que el día 07 de enero 2025, nos hemos reunidos en el Parque Isla Cautín de la ciudad de Temuco, para exigir la ratificación del Parlamento o Tratado de Tapihue, al cumplirse 200 años de vigencia, nos dirigimos a ustedes quienes organizan y participan del evento 3xi, con el slogan “La Esperanza del Entendimiento”.
Les recordamos a cada uno de ustedes que vuestro evento se realiza en el territorio Mapuche que esta reconocido y protegido jurídicamente en dos normas del derecho internacional a favor del Pueblo Mapuche y el día 07 de enero 2025 ha cumplido 200 años de vigencia del Parlamento o Tratado de Tapihue.
Consideramos el momento oportuno hacer presente a todos los participantes del evento 3xi que, el territorio Mapuche fue objeto de una política de agresión e invasión militar de parte del Estado de Chile, en donde se cometieron dos hechos y que constituyen las causas del conflicto actual en la Macrozona sur o Wallmapuche, es decir, la toma y ocupación del territorio Mapuche y sus recursos y el crimen de genocidio cometido en contra del Pueblo Mapuche y que permanece en completa impunidad hasta el día de hoy.
Lamentamos que ustedes los organizadores y participantes del evento 3xi, se reúnan en nuestro territorio negando nuestra historia y nuestros derechos, lo que representa además de un negacionismo insostenible y al mismo tiempo un colonialismo interno, contrario al reconocimiento y respeto a los derechos humanos.
Por lo mismo.
I.- Invitamos a ustedes los organizadores y los participantes del evento 3xi a que asuman y apoyen la implementación del Parlamento de Tapihue como formula de dialogo para resolver el conflicto en la Macrozona sur o Wallmapuche y erradicar el Estado de Excepción Constitucional.
II.- Exhortamos a los organizadores y participantes del evento 3xi, a que apoyen el esclarecimiento del Crimen de Genocidio cometido en contra del Pueblo Mapuche en el contexto de la denominada pacificación de la Araucanía.
Finalmente manifestamos a ustedes que la ratificación e implementación del Parlamento de Tapihue y el esclarecimiento del crimen de Genocidio, representan las condiciones elementales para una Paz Firme y Duradera en el Wallmapuche o macrozona sur.
«No es de extrañar que mientras la ministra de Medio Ambiente promueve el Acuerdo sobre la Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad Marina, en Chile estemos en vilo frente al proyecto Dominga que insiste en arrasar con un sitio clave para la biodiversidad; o que mientras se aprueba el artículo sobre conservación de los conocimientos tradicionales de pueblos indígenas, Julia Chuñil sigue desaparecida por más de un mes con probadas amenazas de muerte».
21 de Diciembre de 2024 – Recientemente, se realizaron las Conferencia de las Partes (más conocidas por sus siglas COP) de Biodiversidad, Cambio Climático y Desertificación: tres espacios de reunión entre Estados para abordar acciones conjuntas frente a la crisis climática que deben ser afrontadas a escala planetaria
La COP 16 de Biodiversidad fue la que atrajo más miradas de la prensa y los gobiernos, pues se realizó en Colombia, uno de los países que ha bregado sostenidamente por su protección, y que suscribe políticamente lo que sucesivos informes han descrito: las principales causas o “impulsores” de la pérdida de la biodiversidad son la forma en que producimos, consumimos y comercializamos bienes y servicios, directo al corazón del modelo de depredación.
Por primera vez, Chile contó con su propio pabellón en esta cita, lo que podría ser una clara señal del autoproclamado compromiso ecologista del Gobierno del Presidente Gabriel Boric, pero, por desgracia, da cuenta de todo lo contrario. El montaje del Pabellón de Chile COP16 estuvo a cargo de Fundación Imagen de Chile, dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores, a la que derivaron consultas realizadas por el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales – OLCA vía ley de Transparencia, sobre por qué en los materiales oficiales de nuestro país aparecían logos de empresas.
Imagen de Chile, agencia que tiene a su cargo promover la “marca” país, nos respondió que para financiar el pabellón, el gobierno recurrió a “auspiciadores” transnacionales, específicamente a la línea aérea Latam y al brazo forestal de la familia Matte, CMPC, que participaron respectivamente con US$ 60 mil y US$ 30 mil dólares. Este pago tenía como contraprestación el que las empresas pondrían sus logos junto a los del gobierno, participarían en la estrategia comunicacional, podrían organizar en el pabellón eventos sobre planes y prácticas en biodiversidad y sustentabilidad, tenían vía libre a la zona azul -que es donde se definen las negociaciones-, y se les facilitaría un espacio para la organización de reuniones con autoridades y representantes de alto nivel en materias de su interés: una orquesta de lavado de imagen favorecida por el Estado chileno.
Esto va en la misma línea del Plan de Acción Empresarial en Biodiversidad, lanzado en mayo de 2024, que contribuyó a la definición de las 35 metas país que se presentaron en Cali, cuyo Comité Estratégico convocado por el gobierno está integrado por representantes de las empresas AES Chile, ARAUCO, Antofagasta Minerals, Angloamerican Chile, Banco Santander, Bayer, CMPC, Colbún, Copec, Nestlé, Orizon, SQM y Syngenta; un reconocido grupo de empresas con largo historial de conflictividad socioambiental en Chile y/o en el mundo.
Es decir, el gobierno entregó a quienes las comunidades sindican como los grandes devastadores de la vida y la biodiversidad, la responsabilidad de fijar los objetivos nacionales en estas materias y los mecanismos para lograrlos. Y al parecer, sus socios no tienen intenciones de un avance muy ejecutivo, porque no se cumplió con el compromiso de presentar un plan acción. Es un doble estándar que a nivel corporativo conviene, pero claramente no cuida ni la democracia, ni la biodiversidad.
Entonces, no es de extrañar que mientras la ministra de Medio Ambiente, la otra cartera a cargo de representar a nuestro país en el evento, promueve el Acuerdo sobre la Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad Marina más allá de las Jurisdicciones Nacionales, en Chile estemos en vilo frente al proyecto Dominga que, contra toda evidencia científica, insiste en arrasar con un sitio clave para esa biodiversidad; o que mientras se aprueba el artículo 8j sobre conservación de los conocimientos tradicionales de pueblos indígenas y comunidades locales, Julia Chuñil sigue desaparecida por más de un mes con probadas amenazas de muerte de un empresario local.
Desde la Cumbre de Río de 1992 se ha ilusionado al mundo con que los mecanismos de mercado podrían salvarnos de la crisis, pero ya se ha demostrado que son parte del problema y no de la solución; por lo tanto, tienden un manto de dudas sobre fórmulas del mismo paquete, como “soluciones basadas en la naturaleza”, gobiernos, energías y minerías verdes, valores compartidos, gobernanzas, y un amplio abanico de conceptos y adjetivos que tienen en común repartir “mejor” la torta de la devastación, pero no frenarla.
En este sentido, hacer de la protección de la biodiversidad una marca, como ha dispuesto la institucionalidad actual, se constituye como parte del proceso de mercantilización de la Naturaleza que se ha sostenido desde hace décadas, como también desoye a los territorios que, en la urgencia, han demostrado que hay miles de vías diversas y descentralizadas para restaurar, reparar y conectar con la naturaleza que posibilita la vida.
El Pabellón de Chile COP 16 en Cali mostró que seguimos siendo la punta de lanza de las transnacionales extractivistas en la región y que es alarmante el nivel de incumbencia que tienen en nuestros gobiernos; así como también evidencia que somos los pueblos que habitamos los territorios los que deberemos articularnos para salvaguardar la vida, como lo demostró la colorida y masiva COP divergente.
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* Director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales.-
Comunidades del Trawün de Temuco participaron de un nütram donde analizaron los resultados de un diagnóstico respecto a la situación de sus derechos como mapuche y avanzaron en propuestas para fortalecerlos…
Este aberrante hecho de fusilamiento, es repudiado por la Coordinadora del Parlamento Mapuche de Rio Negro, así como por las demás Comunidades Mapuche de Rio Negro y Patagonia y Organizaciones Sociales de la Región. Junto con la familia de Carlos Villa solicitan acompañamiento para movilizarse en torno a la exigencia del esclarecimiento de los hechos, justicia, y en solidaridad con los pobladores de la zona y la misma Lof Coronado Inalef.
En el marco de un allanamiento ordenado por la justicia en inmediaciones del Lof Inalef Coronado, en un espacio territorial denominado Rinconada de Inalef, la policía de El Bolsón “ejecutó” a Carlos Villa e hirió gravemente a su hijo Emanuel el cual se encuentra en grave estado de salud. El allanamiento es producto de una denuncia entre vecinos. El hecho no ocurre dentro de la propia Comunidad, y no está referido a una situación puntual relacionada con los permanentes conflictos generados por empresarios e instituciones del Estado, generando mucha preocupación y denuncias por el criminal comportamiento de las fuerzas de seguridad.
Entonces se advierte que las Fuerzas Institucionales que están adiestradas para actuar en contra del Mapuche, éstas no lo hacen solamente porque se trate de Comunidades asentadas en el territorio, sino también a todo poblador que tenga ese origen y esté viviendo en lugares apetecibles para lograr negocios inmobiliarios de parte de empresarios, siempre en connivencia con los poderes institucionales. Una réplica del genocidio y usurpación ejecutado por el Estado Nacional en la llamada Conquista del Desierto. Que sucedió 150 años atrás pero que se continúa perpetuando.
El Poblador Mapuche asesinado se llama Carlos Villa, el cual se interpuso ante su hijo para que no lo mataran. Finalmente él termina muerto y su hijo Emanuel, en estado muy grave hospitalizado. Aberrante e ilegal comportamiento que determina que el Fiscal Francisco Arrien que toma la causa, de orden de encarcelamiento del policía autor de los hechos de quien se desconoce nombre. Y tomará también la decisión de apartar de la investigación a la policía de la Provincia de Rio Negro, para ser trasladada al Escuadrón 34 de Gendarmería Nacional.
A raíz de estos hechos también, se resolvió cancelar la Audiencia Judicial, parte del hostigamiento permanente en estos territorios hacia el Mapuche, de acusación de Usurpación contra la Lof Coronado Inalef, que estaba prevista para este 12 de agosto.
Cuando un Estado que debe ser garante de la seguridad de cada ciudadano, insta él mismo al odio y la violencia, estas son las insoportables consecuencias que nos ubican en el Siglo XIX. Unos pocos sostenidos por la omisión y/o acción directa de las Instituciones Públicas involucradas, se auto proclaman con poder de impartir odio y muerte a todo aquel que se oponga a sus criminales propósitos de racismo, xenofobia, despojo, represión y muerte.
Así los dichos de varias autoridades en los últimos tiempos. Estas fueron las expresiones, entre otras, la semana pasada del Diputado Nacional de LLA, José Luis Espert manifestando en relación a la medida de desalojo de la Lof Pailako de Los Alerces en Chubut: “Perfecto. Si se resisten, es cárcel o bala”
Este aberrante hecho de fusilamiento, es repudiado por la Coordinadora del Parlamento Mapuche de Rio Negro, así como por las demás Comunidades Mapuche de Rio Negro y Patagonia y Organizaciones Sociales de la Región. Quienes junto con la familia de Carlos Villa solicitan acompañamiento para movilizarse en torno a la exigencia del esclarecimiento de los hechos, justicia, y en solidaridad con los pobladores de la zona y la misma Lof Coronado Inalef.
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INFORMACIÓN RELACIONADA
Oficio Allanamientoy detención:
Fiscal habla sobre la investigación:
COMUNICADO DE LA FAMILIA VILLA
12 de agosto 2024 Mallin ahogado Rincón de lnalef
Por medio de la presente, toda la familia Villa se pronuncia sobre la muerte de quien fuese en vida Juan Carlos Villa, hijo, tío, hermano y padre de los familiares sintiendo en este momento un profundo dolor debido a la ejecución que fue realizada por la Policía de Río Negro en desarrollo de un procedimiento de
allanamiento mal realizado, la familia solicita a la comunidad y al Gobernador que se contenga de comentarios difamatorio contra la familia y tengan la mínima discreción que se les pide en este doloroso momento que se atraviesa.
Aclarando que los hechos ocurridos el día 11 de agosto 2024 la fiscalía solicita la remoción del caso a la Policía de Río Negro por su mal actuar solicitando continuar con las pericias y el resguardo de la escena a las fuerzas de Gendarmería Nacional Ese 34 y 35. Apresando al presunto autor del Homicidio quien según informa la fiscalía se encuentra detenido.
La Familia Villa declara que en busca de justicia y verdad se contiene de crear comentarios que entorpezcan las investigaciones de lo claramente ocurrido.
CONVOCATORIA DE APOYO EN HOSPITAL DE EL BOLSÓN. Lunes 12, 9:30 hrs.
(Reporte de Roxana Arazi- El Tren Programa de radio)
Juan Carlos Villa fue herido de muerte por el arma de fuego de uno de los oficiales. Otro miembro de la comunidad mapuche se encuentra internado, en estado crítico por recibir un disparo. El efectivo policial involucrado se encuentra detenido en la Comisaría 12 de El Bolsón.
Según la información que trascendió en los medios locales, la Policía ingresó al predio con una orden judicial para investigar el robo de pertenencias de vecinos del lugar. Villa habría amenazado a uno de los oficiales con un arma blanca y se desató un enfrentamiento que tuvo un desenlace mortal.
Tiempo después, las fuerzas del Escuadrón 35° de Gendarmería Nacional llegaron al lugar. También se hizo presente El fiscal de turno concurrió con personal policial a cargo de los peritajes junto con la Brigada de Investigaciones.
Este año, el fiscal Arrien había emitido un ultimátum a la familia Inalef Coronado para que desaloje el territorio ubicado en Mallín Ahogado. Esta orden de desalojo se fundamentó en un presunto boleto de compra-venta emitido durante la última dictadura militar
NOS CONVOCAMOS EN EL HOSPITAL DE EL BOLSON PARA RESGUARDAR AL LAMIEN QUE SE ENCUENTRA INTERNADO. DIFUNDIR!
Los dirigentes denunciaron que la Ley de Biocombustibles del Ministerio de Energía fue aprobada en 2022, sin ser consultada con los pueblos originarios. Asimismo, cuestionaron que las Municipalidades de Temuco y Padre Las Casas, han propuesto un Plan de Descontaminación Ambiental sin participación de pueblos indígenas. Reproducimos comunicado público.
DECLARACIÓN PUBLICA
Los representantes de comunidades, mesas territoriales y cooperativas; que participaron en las reuniones sobre reglamento ley biocombustibles solidos de las comunas de Temuco y Padre Las Casas, declaran lo siguiente:
Manifestamos que la Ley 21.499 de Biocombustibles Solidos para el mercado de la leña fue aprobada por el Congreso en el año 2022, sin previa consulta a pueblos originarios, trasgrediendo el derecho a la libre determinación de los pueblos y la búsqueda de su propio desarrollo económico art 3, art 4, art 5, art 6 letra a, del Convenio 169 de la OIT.
Entre las medidas adoptadas por la Ley establecen grandes y pequeños centros de biomasas que cumplirán ciertas especificaciones técnicas y certificaciones por entidades del Estado, para regular el mercado de la leña y sus derivados.
Obligaciones que afectan no sólo a pueblos indígenas sino a toda la comuna de Temuco y Padre Las Casas, elevando el valor adquisitivo de la leña y sus derivados, además de monopolizar el mercado del producto, afectando económicamente a los más vulnerables de la región más pobre de Chile.
El Plan de modernización del mercado de los Biocombustibles sólidos redactados en la Ley define una puesta en marcha de 1 año para estas comunas y renovación cada 5 años, sin consulta previa a pueblos indígenas y de un proceder de mala fe.
Igualmente que el Plan de Descontaminación Ambiental propuesto por la Municipalidad de Temuco y la Municipalidad de Padre Las Casas, realizado sin participación de pueblos originarios quienes nos sentimos excluidos en la toma de decisiones y discriminados en las medidas adoptadas.
Por normativas que nos dejan fuera de los beneficios de acondicionamiento térmico de viviendas (regularización de construcción) y recambio de calefactores, así como con restricciones permanentes en las prácticas ancestrales y tradicionales del pueblo Mapuche, las que afectan tanto a zonas urbanas como rurales dentro del radio de ambas comunas.
Dicha Ley de Biocombustibles Solidos se inició por moción parlamentaria de los ex diputados de la región Diego Paulsen y Andrés Molina Magofke y aprobada por el Congreso en general.
Meli Newen presentará su segundo álbum Chekuntu, acompañado por la cantautora mapuche Nawelwenu y la Compañía de teatro Kontrakultura, actividad en formato presencial se realizará hoy en el auditorio de la Biblioteca Galo Sepúlveda. Durante la actividad se estrenará el videoclip de “A Camilo”, trabajo audiovisual en homenaje a Camilo Catrillancayem.
FUENTE: Mapuexpress
El concierto a realizarse este 27 de julio es gratuito y será acompañado, además, en la música por la destacada ülkantufe Paloma Nahuelhuen quien cuenta con repertorio en mapüzungun, asimismo, durante la recepción se hallará dispuesta una exposición de Retran y Wizun, platería y alfarería mapuche, parte del carácter multicultural del evento.
Durante la actividad se estrenará también el Videoclip de “A Camilo”, cover de la canción de Daniel Viglietti y que fuera interpretada a fines de los 60´s por Víctor Jara. La compañía Kontrakultura participó de la producción de este material corto audiovisual, realizado en homenaje a Camilo Catrillanca, dirigido por Carlos Cirano y editado por Richard Saavedra.
Chekuntu es el segundo álbum de Meli Newen, en la cual el cantante mapuche incluye nuevos géneros musicales tales como el rock alternativo y el grunge, manteniendo su cercanía con el ülkantun mapuche y el folklore, como lo hizo en su primer trabajo Dewman, ambos disponibles en plataformas digitales.
En la presentación de Chekuntu, el compositor estará acompañado en el escenario por los músicos en la guitarra eléctrica Juan Pablo Fernández, quien como solista cuenta con propias composiciones, y en la batería Fabricio Vaccaro quien lo ha acompañado anteriormente en percusiones, cuya trayectoria incluye la participación en agrupaciones como Tromen, Los Ríos Sónicos y Terminal Rural, esta última con una destacada producción su álbum «Grandes éxitos bailables del conjunto» lanzado en 2018.
Destacada como el primer single, la canción “Wakolda” cuenta con la lírica y la voz de la reconocida poeta Rayen Kvyeh. Esta, junto a otras canciones de su repertorio, vienen siendo mostradas por el artista en diversos escenarios de la región (Centro Cultural Liquen Villarrica, Festival de Poesía del Wallmapu, Marcha por el Mapuzüngun, entre otros).
Respecto a su nuevo trabajo musical el compositor señala “quienes disfrutan de la música van a encontrar cosas interesantes en los ritmos y las melodías, todo con la intención de acercar al trasfondo trascendente y antiguo de estos territorios, como un retorno a lo ancestral”, expresó.
En Mapudungun Chekuntu significa «volver a ser gente», en este sentido Meli Newen señala que con su arte busca tejer un puente entre culturas, generar una mayor difusión del mapüzungun y de la música mapuche contemporánea.
El videoclip de la canción “A Camilo” será mostrado por primera vez durante la actividad a realizarse este sábado 27 de julio en el auditorio de la biblioteca Galo Sepúlveda. Llevada a formato audiovisual en conjunto por el interprete Meli Newen y la compañía de Teatro Kontrakultura de Temuco, quienes se hicieron parte de esta producción, la canción es un homenaje al joven mapuche asesinado por agentes del estado.
FUENTE: Mapuexpress
El cantautor mapuche Meli Newen se encontraba en medio de la producción de su primer álbum de estudio Dewman cuando sucedió el asesinato de Camilo Catrillanca, en noviembre de 2018. El impacto de tal hecho lo llevó a recordar una canción que había escuchado en su adolescencia, interpretada por Víctor Jara, era la canción “A Camilo Torres” compuesta en los sesentas por el uruguayo Daniel Viglietti, en homenaje al sacerdote guerrillero que cayó en combate.
Se trata de una canción trascendente que compara a “Camilo…” con Jesús por haber sido ambos tratados inicialmente con desdén por sus contemporáneos y que refiere, también, a la reacción de su propia gente que, reconociendo en este hecho una gran injusticia, resuelve continuar el camino que esta persona ha marcado.
Camilo Torres, el de la canción original, fue un sacerdote y sociólogo colombiano, quien por su trabajo con los más desposeídos se convirtió en un antecedente para la “teología de la liberación”, desarrollando, asimismo, una promisoria carrera académica, convirtiéndose en blanco del gobierno y sectores conservadores quienes veían un peligro en su “discurso revolucionario”, siendo recordado luego de su muerte como el “cura guerrillero”.
Así fue que el compositor incorporó en su primer trabajo solista el Track IX “A Camilo…”, al respecto sostuvo “La muerte del joven mapuche, el peñi Camilo Catrillanca, es motivo de gran tristeza… El Racismo de Estado ha quedado en evidencia, de la forma más cruda que pudo hacerlo […] Que se sepa, nuestro piwke está igual de herido que enfurecido”.
Meli Newen participó, además, del concierto organizado en noviembre de 2019, e interpretó está canción, en el homenaje al joven asesinado, organizado por el Movimiento por la Libredeterminación Mapuche y que tuvo lugar en la comuna de Nueva Imperial.
El videoclip cuenta con las actuaciones de las y los integrantes de la compañía de Teatro Kontrakultura, es dirigido por Carlos Cirano y fue editado por Richard Saavedra. Será estrenado durante la actividad presencial que se realizará este 27 de julio en el auditorio de la biblioteca Galo Sepúlveda desde las 18:30 horas, y ese mismo día será publicado en la plataforma Youtube.
VER TEASER TRAILER «A CAMILO» VIDEOCLIP (click en la imagen)
En septiembre de 2020, la lamgen Lorenza Cayuhan demandó al fisco por tratos vejatorios, ya que, siendo interna del CDP de Arauco, en 2016 dio a luz engrillada en el Sanatorio Alemán, según se estableció en la sentencia del Juzgado Civil de Concepción. El fallo determinó la responsabilidad del fisco y una indemnización de $100 millones por concepto de daño moral.
FUENTE: Mapuexpress
Por Meli Newen.-
Wallmapu, Pukem 24 de Julio de 2024 – En octubre de 2016, Lorenza Cayuhan, que cumplía una condena en el CDP de Arauco, región del Biobío, con 32 semanas de embarazo, tenía que ser llevada hasta Concepción para atender debidamente el trabajo de parto. Cuando comenzó con molestias físicas y dolores en la zona del vientre, el personal de salud de Gendarmería la trasladó al Hospital de Arauco en un taxi particular.
Una vez en el recinto hospitalario de Arauco se le retiraron las esposas por solicitud de la matrona que la atendió. Tras una serie de exámenes, se dispuso que fuera derivada al Hospital Regional de Concepción, lo que fue cumplido por Gendarmería.
Mientras Cayuhan era trasladada desde Arauco a Concepción, se mantuvo con un grillete en el pie izquierdo y el otro extremo adosado a la camilla. Una vez en el Hospital de Concepción se le mantuvo engrillada durante toda la noche.
En dicho centro médico no había disponibilidad de cupo para atención neonatal, siendo nuevamente trasladada, esta vez, hacia la Clínica de la Mujer en Concepción. En dicho centro hospitalario, Cayuhan dio a luz con uno de sus pies atado a un grillete.
El tribunal establece que el fisco deberá indemnizar a Lorenza Cayuhan y entrega detalles sobre el caso, apunta a que, como mujer mapuche, sufrió un trato degradante y «además discriminatorio desde diversos puntos de vista, tendiente a degradar a la demandante en su condición de mujer, gestante y parturienta, privada de libertad y perteneciente a la etnia mapuche”.
En el fallo, la magistrada Paulina Astete rechazó las excepciones presentadas por el demandado, tras establecer la responsabilidad del fisco por falta de servicio y estableció una indemnización de $100 millones por concepto de daño moral a Lorenza Cayuhan.
En la sentencia se sostiene que el trato degradante y discriminatorio ocurrió desde su traslado hacia el Hospital de Arauco, “constituyendo todo el accionar desplegado un trato vejatorio e indigno”.
En septiembre de 2020, la lamgen Lorenza demandó al fisco por tratos vejatorios, ya que siendo interna del CDP de Arauco en 2016 dio a luz engrillada en la Clínica de la Mujer del Sanatorio Alemán, según estableció la sentencia del Juzgado Civil de Concepción.
¿Quiere militares en las calles para controlar el delito? Los autores revisan y evalúan dos años de Estado de Excepción en la Araucanía. Argumentan que extender la militarización es “apagar el fuego con bencina”.
FUENTE:Tercera Dosis Por Fernando Pairican Y Wladimir Martínez.-
Los niños y niñas que han vivido guerras, que han sentido un gran miedo o que han visto la muerte, incorporan esas experiencias a sus juegos, sus dibujos, sus sueños. ¿A qué juegan los niños de las comunidades mapuche? A muchas cosas, por supuesto, pero en algún momento la experiencia de décadas de violencia emerge y la usan como material.
Es frecuente, entonces, ver en las comunidades el juego de perseguir al pacowinka usando palos que simulan ser armas; o ver a los niños y niñas esconderse bajo las mantas (makuñ o ükülla) de sus padres o madres, cuando el juego se invierte y es el pacowinka quien los persigue. Esto último también lo hacen, pero con genuino miedo, cuando ven a un carabinero de verdad o a un militar entrar en sus comunidades, o cuando tienen que ir a la ciudad.
Tienen motivos para eso: desde hace más de una década se informa constantemente de niños y niñas mapuche afectados en operaciones policiales. En una incursión en 2009, en la comunidad de Temucuicui, siete menores resultaron heridos. En 2012 un número similar, perteneciente a la misma comunidad, fue lesionado por policías en las afueras del hospital de Collipulli, según indica un recurso de amparo interpuesto por el INDH. Algo equivalente sufrieron los menores y sus familias de las comunidades Huañaco Millao, Chacaico, Butaco y Pancho Curamil y Coñomil Epuleo, allanadas en enero de 2021 en medio de una operación con más de 800 efectivos y que contó con el apoyo del Equipo de Reacción Táctica (ERTA) de la Policía de Investigaciones (PDI).
Las militarización del territorio mapuche partió oficialmente en octubre de 2021, durante el gobierno de Sebastián Piñera, con la declaración de Estado de Excepción. Su duración era de seis meses, pero se ha prolongado hasta hoy, a pesar de que ha sido denunciada por distintas comunidades como un acto de violencia política por parte de los gobiernos de Sebastián Piñera y Gabriel Boric. Los antecedentes de esta militarización, sin embargo, se remontan a 2001, cuando se inició un proceso de intensificación de la seguridad con fuerzas de Carabineros de Chile.
Los datos disponibles muestran que esta militarización no ha tenido efectos reales en reducir el nivel de violencia, como se mostrará más abajo. Se argumentará también que, si esta política se mantiene, pese a su falta de resultados, es porque tranquiliza a los partidos de derecha, los empresarios y grandes agricultores. Esa tranquilidad tiene, sin embargo, un costo: es la sensación de amenaza permanente que pagan las comunidades. Esa amenaza instala en las generaciones jóvenes miedos y formas de relacionarse con el Estado que, en parte, explican la aparición de nuevos movimientos más radicales que han tomado distancia de la Coordinadora Arauco-Malleco.
“La militarización abre espacios para experiencias de resistencia y creatividad mapuche, frente a lo que conciben como una amenaza para sus legítimas reclamaciones políticas y territoriales”
En los últimos meses algunos sectores de derecha, pero también liderazgos importantes de centro y de izquierda, han propuesto el despliegue militar para solucionar problemas delictivos en las grandes ciudades. Las consecuencias de esa política pueden verse en la Araucanía y el Bío-Bío, particularmente en las comunidades cuya vida familiar y social, así como sus posibilidades de organización política, se han visto fuertemente afectadas.
En ese sentido, esta columna busca mostrar las restricciones que tiene la vida de las personas que se organizan por una causa –en este caso la autonomía– cuando su demanda se criminaliza y se frena con fuerzas de seguridad. Si usted siente que no es parte de ninguna demanda colectiva contra el Estado u otros grupos de poder, puede que lo que aquí se expone no le haga sentido. Pero si forma parte de aquellos que hace años quieren el fin de las AFPs o que están molestos con las ISAPREs, o que tienen hijos que eventualmente pueden salir a la calle a manifestarse contra el gobierno que sea, le interesará entender la espiral de violencia de la que es parte la militarización.
CÓMO LLEGAMOS AQUÍ
En los años 90 el gobierno chileno pareció desarrollar otra relación con los pueblos originarios. En parte por la conmemoración del Quinto Centenario, que puso en debate la violencia padecida por las poblaciones indígenas, los gobiernos latinoamericanos iniciaron políticas de reconocimiento constitucional y de interculturalidad; y el gobierno chileno buscó alinearse con ellos.
A nivel latinoamericano algunos autores se refieren a este período como “la década del reconocimiento” pues estuvo marcada principalmente por la apertura de nuevos procesos constitucionales que incluyeron -aunque de modo lento- el establecimiento de derechos de Autonomía y políticas interculturales en el ámbito educativo.
Sin embargo, en esos años también irrumpieron movimientos indígenas por fuera de la institucionalidad, como el Ejército Guerrillero Túpac Katari (EGTK) en Bolivia, Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en México y Aukin Wallmapu Ngulam (Consejo de todas las Tierras) en Chile, lo que evidenció que parte de los pueblos originarios transitaban otros caminos, menos institucionales, para reclamar y ejercer sus derechos indígenas.
Estas dos vertientes fueron descritas como autonomías “desde arriba y desde abajo” por la literatura especializada. La primera aludía a los reconocimientos autonómicos desde el Estado que se llevaron adelante en la Nicaragua sandinista (que incorporó la autonomía regional), en Ecuador (que hizo reconocimientos institucionales de la interculturalidad) y en Chile, que generó instituciones mediadoras, como la CONADI, la cual ha sido la encargada de conducir las políticas indígenas de los gobiernos de postdictadura.
“Los datos muestran que la idea de que el Estado de Excepción Constitucional funciona y permite la desarticulación de las expresiones de disidencia violenta, no es real”
Como contrapunto, la evolución del movimiento mapuche generó importantes críticas a la CONADI, particularmente luego de la construcción de la Represa Ralco. A partir de entonces los gobiernos debieron afrontar una inédita movilización que, a diferencia de otros momentos, desde 1998 incorporó la violencia política como instrumento.
De acuerdo con el historiador Eduardo González Calleja, estos movimientos podrían considerarse de tipo “no especializado”, es decir, de bajo nivel de impacto y autónomos al ser ejercidos por grupos débilmente organizados (González Callejas: 2012). Sin embargo, como han dicho distintos autores y algunos de los mismos protagonistas, luego del incendio a tres camiones en la comuna de Lumaco en 1997, comenzó a constituirse un nuevo tipo de movimiento mapuche que se empalmó internacionalmente con las organizaciones que buscaron detrás del Control Territorial, un camino para la creación de espacios de Autodeterminación negado por los estados nacionales. (Pairican, 2013).
Mientras que las acciones de violencia política por parte del movimiento mapuche continuaban, el Estado incrementó las políticas de seguridad, lo que implicó, entre otras cosas, incorporar a la Policía de Investigaciones a la persecución de esos dirigentes. En paralelo, se extendió un proceso político judicial que ha sido definido como “la criminalización de la protesta social mapuche” (Mella, 2007). González, Mella y Lillo (2007) han descrito esta criminalización como un proceso, pues “no se produce por una sola acción de persecución, sino [por] un conjunto selectivo de ellas ocurridas, durante un tiempo determinado” (González, Mella y Lillo: 2007).
La respuesta de una de las expresiones del movimiento mapuche, la Coordinadora Arauco-Malleco, fue intensificar su resistencia forjando un nuevo tipo de militante: el Weichafe. Este militante, perfeccionado a través de las recuperaciones de tierras desarrolladas a partir del nuevo milenio, también se especializó en el sabotaje a maquinarias y camiones forestales (Pairican, 2015). Solo ocasionalmente el objetivo de estas acciones tuvo como foco las casas de agricultores; al menos así fue hasta 2002 en La Araucanía, hasta el 2009 en la región de Los Ríos y recientemente en la región de los Lagos.
La crisis en las relaciones interculturales aceleraron la necesidad de una respuesta social antes que tan solo judicial. En este contexto, el gobierno de Ricardo Lagos estableció la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato, que fue la primera instancia pública que reconoció la historia de vulneración del Estado sobre todos los pueblos indígenas. Esa política se transformó en una hoja de ruta para los siguientes gobiernos. Otro hecho clave fue la ratificación del Convenio 169 de la OIT, durante el segundo gobierno de Bachelet y la aplicación de las Consultas Previas e Informadas por el gobierno de Sebastián Piñera. Por último, el estallido social y los procesos constituyentes aceleraron las políticas indígenas al irrumpir el movimiento gradualista a la Autodeterminación, proponiendo un Estado Plurinacional e Intercultural que, no obstante, fue rechazado por parte importante de la ciudadanía.
En las últimas décadas los reconocimientos a los derechos indígenas como la Autonomía para el caso de Chile, experimentaron un retroceso discursivo y político. La promoción de “la diversidad” como modelo de convivencia y la interculturalidad como uno de sus mecanismos quedaron reducidos a meros instrumentos de gobernanza de los gobiernos neoliberales (Burgute Cal y Mayor, 2010), mientras que en la práctica se han desplegado estrategias que potencian las fuerzas de orden y seguridad en territorio mapuche.
INFLEXIÓN Y RADICALIZACIÓN
El punto de inflexión de este camino de reconocimientos fallidos fueron los asesinatos de Alex Lemun (2002), Matías Catrileo (2008), Jaime Mendoza Collío (2009) y Yordan Llempi (2021). Pero fue luego de Catrileo que se incorporó la Policía de Investigaciones de Chile al conflicto y lentamente del Ejército de Chile a partir de 2012. Un nuevo tipo de coerción comenzaron a experimentar las comunidades mapuche próximas al movimiento. Aumentó la detención de estudiantes universitarios simpatizantes del movimiento autonomista y los patrullajes constantes del Ejército de Chile por carreteras y camiones interiores.
Por su parte, el movimiento mapuche desarrolló una respuesta a la intensificación de la represión. El primer síntoma de esta “radicalización étnica” fue asumir “la autodefensa”. La CAM estrenó esa estrategia en 2008 con la llamada “emboscada al Fiscal Elgueta” y tal vez tiene su corolario con la muerte del carabinero Eugenio Nain en octubre de 2020. Por este último caso ha sido sentenciado Luis Tranamil, vinculado a la organización Weichan Auka Mapu que reivindica el uso de la violencia como instrumento político. Sin pretender justificar ese crimen, podemos argumentar que esta prolongada cadena de violencia ha llevado a algunos mapuche a la peligrosa justificación de la violencia como una forma de resolver lo que la democracia no ha logrado consolidar: los derechos indígenas.
La respuesta del Estado ante la irrupción de organizaciones autonomistas (como Resistencia Lafkenche y Weichan Auka Mapu) ha sido elevar las políticas de coerción con la incorporación gradual del Ejército. Desde nuestra óptica, entonces, entre 2008 a 2013, aparecieron al menos dos variables que incidieron fuertemente en la transición hacia un nuevo tipo de movimiento mapuche.
Desde una arista, la CAM evolucionó a lo que se calificó como Órganos de Resistencia Territorial (ORT): un salto cualitativo que construyó la organización bajo el concepto de Weichafe.
Por otra parte, emergieron nuevas organizaciones como Weichan Auka Mapu –que aparece formalmente a mediados del año 2014– las que radicalizaron sus formas de acción contra instituciones que llaman “colonialistas”: las iglesias y las fuerzas coercitivas del Estado.
En las pocas declaraciones emitidas, Weichan Auka Mapu reivindicó políticamente distintos episodios de violencia contra agricultores y máquinas forestales en tres regiones: Bio-Bio, Araucanía y Los Ríos. Este nuevo proceso de violencia tiene como símbolo la muerte de Yordan Llempi, el 3 de noviembre de 2021, en la localidad de Huentelolen en la comuna de Cañete, crimen del que ha sido acusado un cabo de la Armada. Con el nacimiento de Weichan Auka Mapu, se consolida otro camino a la conquista de la Autodeterminación, persiguiendo como ideario el Control Territorial.
EVALUANDO LA MILITARIZACIÓN
Llegados a este punto es importante preguntarse: ¿ha traído paz la militarización?
El 24 de abril pasado, el Senado aprobó con 25 votos a favor (y 2 abstenciones) una nueva prórroga del Estado de Excepción Constitucional (EEC). En la ocasión, los parlamentarios valoraron la disminución de casi un 35% de los hechos de violencia con respecto a 2023 y 51% en comparación con 2021.
Al incorporar criterios como la presencia de delitos de mayor connotación social (DMCS)[1] en las regiones en las que se aplica el EECE, los datos del Centro de Estudios y Análisis del Delito (CEAD) del Ministerio del Interior contradicen la percepción positiva que tiene el Congreso.
Al analizar la evolución de los delitos de mayor connotación social en Arauco, Bío-Bío, Malleco y Cautín, (Gráfico 1) vemos que tras la pandemia aumentó su ocurrencia, lo que permite cuestionar la eficacia del EEC, tomando en cuenta que primero fue decretada por Piñera el 21 de octubre de 2021 y sostenida por Boric desde el 17 de mayo de 2022.
Gráfico 1 [2]
Si centramos la mirada en delitos específicos (Gráfico 2) como el robo con violencia e intimidación, el robo en lugar habitado y los daños a la propiedad pública y privada, estos o se mantienen estables o crecen levemente.
Gráfico 2
Gráfico 3
El Gráfico 3 muestra la evolución de otros delitos específicos que se consideran parte de la llamada “Violencia Rural”. Si, al igual que en los gráficos, tomamos como referencia el día en que el gobierno de Boric decidió mantener el EEC, el 17 de mayo de 2022 (en el gráfico se marca en recuadro el segundo trimestre de 2022), se observa que el delito de incendio (gris) muestra una tendencia relativamente estable, salvo por una subida relevante en el primer trimestre de 2023 (42,9), con el EEC ya en funcionamiento. Esto parece cuestionar la efectividad de esta política para evitar estos sucesos.
En cuanto a las usurpaciones no violentas (azul), estas muestran una leve tendencia a la baja desde instaurado el EEC, con repunte a fines de 2023. Por último, las usurpaciones violentas (naranjo) muestran una tendencia poco significativa a la baja desde que se instauró el EEC.
Gráfico 4
El Gráfico 4 muestra la evolución de la tasa de homicidios según trimestre en las cuatro provincias de interés. Se evidencia una serie con valores cercanos a un homicidio por cada 100 mil habitantes en prácticamente todos los trimestres, salvo por el primer trimestre de 2022 (enero-marzo) con 2,4 homicidios por cada 100 mil habitantes. Desde instaurado el EEC, se observó una baja considerable (de 2,4 a 1,2) que luego se estabilizó en valores muy similares a los encontrados en 2021.
Los datos anteriores muestran que la idea de que el Estado de Excepción Constitucional funciona y que permite la eventual desarticulación de las expresiones de disidencia violenta en el sur, no es real. Esto sugiere que su mantención no se explica por su capacidad para disuadir la comisión de delitos violentos en la zona, sino más bien, porque expresa la convicción por parte de la clase política y empresarial, de que la paz se garantiza intensificando la presencia policial y militar en la zona.
VIVIR LA MILITARIZACIÓN
A continuación examinaremos qué es experimentar la militarización para las comunidades mapuche.
La militarización, definida como un proceso intencional de preparación cultural, simbólica y material para la guerra (Bickford, 2015), a menudo es reforzada por discursos acerca de la naturaleza inevitablemente violenta entre los seres humanos, lo que allana el camino a lo que Charles Tilly (1985) llama el “negocio de la protección”, la que sugiere la estrecha relación existente entre la guerra y la construcción del Estado.
Como expresión de la fuerza y omnipresencia del Estado, los procesos de militarización son una táctica de reordenamiento territorial que restringe los vínculos e interacciones de aquellos grupos o poblaciones bajo control, amenazando el modo en que éstos se relacionan, interactúan y habitan con su entorno. La militarización modifica el paisaje al tiempo que limita el libre tránsito, movilizando a su vez sentimientos de temor, frustración, rabia e injusticia.
Podemos dar cuenta de estos efectos en aquellas zonas intervenidas de Bío-Bío y Araucanía. Apostados en puntos estratégicos de estas regiones (carreteras, peajes, establecimientos de salud y educación, propiedades privadas, etc.), los policías y militares chilenos despliegan su fuerza en circuitos de vigilancia y control que alteran la vida cotidiana de las comunidades mapuche.
Las comunidades mapuche de la comuna de Ercilla, conocen de cerca los efectos de la militarización y el uso excesivo de la fuerza. Por ejemplo, la violencia que han sufrido los niños de varias comunidades, como se ilustró al inicio. Otro ejemplo es el asesinato de Camilo Catrillanca en 2018 a manos de un carabinero en el marco de una intervención policial por el supuesto robo de un vehículo. O allanamientos masivos como el que se mencionó y que afectó a las comunidades Huañaco Millao, Chacaico, Butaco y Pancho Curamil y Coñomil Epuleo.
En nuestras visitas al territorio, los miembros de las comunidades acusan el empleo constante de drones y helicópteros militares sobre su territorio. También acusan controles arbitrarios, detenciones y hostigamientos en los cruces de la Ruta 5 Sur en la entrada a ciudades como Ercilla y Collipulli. Por otro lado, la presencia de policías y militares en la zona tiene un efecto estigmatizante para esta comunidad que señala que se les asocia con cualquier hecho de violencia ocurrido en la región, como la muerte de los tres carabineros en la localidad de Antiquina, ubicada en la ruta que une Tirúa con el cruce Peleco donde también hay contingentes militares que vigilan hace años la denominada “zona roja” de la provincia de Arauco.[3] Más allá de la violencia tácita de los procedimientos militarizados, es importante comenzar a observar aspectos igual de relevantes para la comprensión de la militarización en Wallmapu. Nos referiremos al modo en que estas experiencias, se encarnan en los cuerpos de los mapuche, ya sea mediante cicatrices, heridas y otras secuelas físicas, o bien, a través del encierro en prisión, que los mapuche interpretan como un “secuestro de Estado”. Estas experiencias animan la emergencia de subjetividades condicionadas por la beligerancia que se resisten a cumplir con las expectativas sociales dominantes acerca de la criminalidad del mapuche. De ahí es que los niños jueguen al pacowinka. O que los adolescentes esperan cumplir 18 años para hacer el servicio militar y recibir la instrucción necesaria para eventualmente defender a su comunidad de las amenazas constantes que representa el Estado.
Manifestación mapuche afuera de la Cárcel de Temuco. Fotografía: Wladimir Martínez.
Por otro lado, la militarización ha abierto procesos de acción y reflexión en que los mapuche emplean en sus propios repertorios conceptuales, rituales y cosmológicos para elaborar comprensiones y modos de actuar frente a la eventual amenaza a su integridad territorial y colectiva.
Es lo que ocurre con las demandas por realizar ceremonias ancestrales dentro y fuera de las cárceles con el objetivo de “fortalecer a los weichafe”, o los cambios que comienzan a registrarse en las formas y discursos rituales en ceremonias como los weichanngillatun o weichan palin en la que se acude a entidades divinas y espirituales para que éstas contribuyan a frenar las intervenciones policiales en el territorio porque “esta pelea no la estamos dando solos, estamos con la mapu”, como afirma un expreso político mapuche que hoy participa en un proceso de recuperación territorial junto a su comunidad.
A fines de octubre de 2021, en un acto inédito bajo los gobiernos de postdictadura, los miembros de la comunidad Temucuicui, enarbolaron banderas rojas y convocaron a un Weichan Trawun, nombre que recibió el evento en que se convocaron comunidades de distintos territorios para discutir los problemas derivados de la militarización del territorio mapuche, establecer posiciones y definir estrategias.
Hablaron sobre las amenazas del Estado, las agresiones por las políticas que calificaron de “terrorismo de Estado” llegando a dos acuerdos: “defender y proteger la vida de nuestra gente (…) ante toda y cualquier intención del Ejército de ocupación militar, protector de las empresas forestales y latifundistas de ingresar a nuestro Lof, esta es una decisión que busca proteger nuestro itrofil mogen, de la amenaza y la depredación de las empresas forestales y el latifundio”. (El Ciudadano, 27/10/2021).
Camión militar en ruta S-155, comuna de Lautaro. Fotografía: Wladimir Martínez.
CONCLUSIÓN
Como señala Kaltmeier (2022) en su libro Resistencia mapuche. Reflexiones en torno al poder Siglos XVI y XXI, en el sur de Chile podemos constatar el supuesto antropológico que afirma que “las relaciones de dominación son simultáneamente relaciones de resistencia” (Scott, 1990 en: Kalmeier, 2022: 21). Por lo tanto, la militarización en Wallmapu debe ser entendida como un fenómeno relacional que descansa en la idea de que hacer la guerra es hacer Estado en zonas geográficas donde la soberanía se encuentra amenazada o en disputa. Al mismo tiempo, la militarización abre espacios para experiencias de resistencia y creatividad mapuche frente a lo que conciben como una amenaza para sus legítimas reclamaciones políticas y territoriales. Ambas racionalidades apuntan a horizontes distintos que las hacen inconmensurables, lo que no significa irresolubles.
Por nuestra parte, vemos que las políticas de seguridad han derivado en nuevos tipos de radicalización étnica. Si bien, una parte de ello corresponde a la evolución del propio movimiento mapuche, otra es el resultado de las diversas formas en que se experimenta la violencia del Estado. Esta combinación provoca que las nuevas generaciones crezcan bajo la violencia y por ende sientan los discursos democráticos como una experiencia lejana y un tema que interesa solo a los winka (chilenos). Esta sensación tiene aspectos contradictorios con las mismas propuestas de interculturalidad del Estado y los discursos de reparación que emanan de las distintas comisiones de los gobiernos de postdictadura, los que conviven, a la vez, con las declaraciones y prácticas del polisémico movimiento mapuche.
Considerando lo anterior, extender la militarización a otras ciudades y territorios como sugieren algunos sectores de la sociedad en el marco de la llamada “crisis de seguridad” que afecta al país, es apagar el fuego con bencina. Los efectos nocivos de las políticas de militarización se acumulan, generando en las comunidades mapuche afectadas mayores niveles de malestar y desconfianza hacia las instituciones de orden y seguridad pública. No sabemos qué ocurrirá si se amplía este Estado de guerra latente en otras partes del país, pero la experiencia mapuche nos ayuda a imaginarlo.
Con todo, la militarización en el Wallmapu parece responder a un discurso global de seguridad, que caracteriza al nuevo milenio. Si las demandas mapuche eran o no canalizables mediante la apertura democrática, no lo sabremos. Lo que es claro es que se impuso un discurso que propició nuevos tipos de racismo a partir de conceptos como “narcoterrotistas” y “violentistas”[4], que fomentaron los estigmas y prejuicios hacia los mapuche, al tiempo que justificaron el despliegue militar en la zona. Antes que ser una solución, este modelo, que podemos llamar como «democracia colonial violenta», ha devenido en problema.
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NOTAS Y REFERENCIAS
[1] Nos referimos a los delitos de robos con violencia o intimidación, robo por sorpresa, robo vehículo motorizado, robo de objetos o desde vehículos, robo en lugar habitado, robo en lugar no habitado, homicidio, violaciones, otros robos con fuerza, hurtos, lesiones leves, lesiones menos graves/ graves/ gravísimas
[2]Solo se consideran los delitos de las cuatro provincias en Estado de Excepción Constitucional: Malleco, Cautín, Bio-Bío y Arauco. Cada año presenta cuatro valores, correspondiente a cuatro trimestres. Se expresan valores de cantidad de delitos cada 100.000 habitantes. Eso permite comparabilidad entre unidades geográficas de distinto tamaño. Los datos corresponden a “Casos Policiales” esto es, que considera tanto las denuncias de la comunidad como las detenciones en flagrancia realizadas por las policías.
[3] Es importante señalar que no existe una “zona roja” en específico. Cuando los medios y la clase política emplean el término, lo asocian a la provincia de Arauco (región del Bío-Bío), principalmente a la ruta p72-s que une el tramo de Cañete a Tirúa. En la Araucanía se ha llamado zona roja a las comunas de Ercilla, Collipulli, Victoria, Lautaro y Padre Las Casas.
[4] Un ejemplo reciente que sintetiza las consecuencias de la criminalización y el modelo de democracia al que nos hemos referido, hablamos de la ausencia del debido proceso en materia penal al que se han visto expuestos el Machi Celestino Córdova o el lonko Facundo Jones-Huala, este último actualmente en huelga de hambre en la cárcel de Temuco, quienes a pesar de cumplir con los requisitos legales para obtener la libertad condicional y/o total, éstos son impedidos en oscuros y burocráticos procedimientos judiciales.
REFERENCIAS
Bickford, A. (2015). Militaries and militarization, anthropology of. En Elsevier Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences (pp. 483-489). Elsevier Ltd.
Burgute Cal y Mayor, A. 2010. Autonomía: La emergencia de un nuevo paradigma en las luchas por la descolonización en América Latina. En: Burguete Cal y Mayor, A., González, M., & Ortiz Tirado, P. (Eds.). (2010). La autonomía a debate: Autogobierno indígena y Estado plurinacional en América Latina. Quito, Ecuador: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales – FLACSO.
González Callejas, E. (2012). El laboratorio del miedo. Una historia general del terrorismo, de los sicarios a Al Qa’ida. Editorial Critica.
González, K., Mella, E., y Lillo, R. (2007). La política de criminalización del movimiento mapuche bajo el sexenio de Lagos. En: Yáñez, N. y Aylwin, J. (2007). El gobierno de Lagos, los pueblos indígenas y el “nuevo trato”. Editorial LOM.
Kaltmeier, O. (2022). Resistencia mapuche. Reflexiones en torno al poder Siglos XVI y XXI. Pehuén Editores.
Mella, E. (2007). Los Mapuches ante la justicia. La criminalización de la protesta indígena en Chile. LOM. Santiago.
Pairican Fernando (2013). Malon la rebelión del movimiento mapuche. Pehuen. Santiago
Pairican Fernando (2015). “El retorno de un viejo actor político: el guerrero. Perspectivas para comprender la violencia política en el movimiento mapuche (1990-2010) en Violencias coloniales en Wajmapu. Ediciones CHM
Tilly, C. (1985). War Making and State Making as Organized Crime. In P. B. Evans, D. Rueschemeyer, & T. Skocpol (Eds.), Bringing the State Back In (pp. 169–191). chapter, Cambridge: Cambridge University Press.
«Buscamos visibilizar el kimün y rakizuam Mapuche ancestral como asimismo las voces, testimonios y experiencias propias de las comunidades Mapuche en la defensa territorial. En particular, en este texto se aborda la complejidad existente respecto de la actividad minera en la Provincia de Osorno, en la Fütawillimapu»…
FUENTE: Mapuexpress
Fotografía: Raúl Snow.-
Mari mari kom pu che, kom pu lamgen ka kom pu wenuy de la Fütawillimapu, Wallmapu, Chile y el mundo:
El Colectivo Informativo Mapuche Mapuexpress, es un medio de comunicación que busca la defensa, promoción e incidencia a través de la comunicación sobre los derechos colectivos e individuales del pueblo mapuche. Taiñ rüpü gen elukefinge kiñe wellgiñ ta werkün zugu ka fill mogen ñi zewman… Nuestro camino es brindar un espacio de información para la transformación social, para el respeto a los Derechos Humanos, a los derechos de los pueblos ancestrales, la autodeterminación de los pueblos y la defensa de la Ñuke Mapu y los territorios en Wallmapu.
Este año, cumplimos 24 años ejerciendo el derecho a la Comunicación Mapuche desde Ngulumapu. Con nuestro trabajo, buscamos colaborar enfrenar el avance del modelo de capitalismo salvaje, neoliberal, extractivista y que también es patriarcal. Como parte de los múltiples “Medios Libres e Independientes” existentes en Abya Yala, contribuimos a generar información y conocimiento como contrapunto de los medios llamados tradicionales y de corte hegemónico, los cuales sistemáticamente están negando e invisibilizando las reivindicaciones legítimas de los pueblos. Buscamos visibilizar el kimün y rakizuam Mapuche ancestral como asimismo las voces, testimonios y experiencias propias de las comunidades Mapuche en la defensa territorial. En particular, en este texto se aborda la complejidad existente respecto de la actividad minera en la Provincia de Osorno, en la Fütawillimapu.
El presente libro: “Amol´sünguwün ka newenmawün taiñ wentxuwafiel pu minera füta willi mapu mo. Comunicación y Resistencias contra las amenazas mineras en la Fütawillimapu” (2024) es parte del proyecto «Choyüpe Taiñ Newen mapu: Que renazca nuestra fuerza de la Tierra» financiado por el Fondo de Medios Comunitarios Indígenas de Cultural Survival. Esta organización “defiende los derechos de los Pueblos Indígenas y apoya la autodeterminación, las culturas y la resiliencia política de las comunidades Indígenas”. Cultural Survival “imagina un futuro que respete y honre los derechos inherentes y las culturas dinámicas de los Pueblos Indígenas, profunda y ricamente entretejidas en tierras, lenguas, tradiciones espirituales y expresiones artísticas, arraigadas en la autodeterminación y el autogobierno”. Propósito con el cual nos sentimos en profunda sintonía como medio y colectivo de origen indígena.
Este proyecto, iniciado a mediados de 2023 y coordinado por la periodista Martina Paillacar Mutizábal y el magíster en sociología Ronny Leiva Salamanca (Meli Newen), comunicadores/as mapuche integrantes de Mapuexpress, se nutrió por transitar en los aprendizajes, conversaciones, investigación, entrevistas y búsqueda de información, que culminó en la realización de un reportaje principal y siete reportajes periodísticos por cada una de las comunas de la Provincia de Osorno. Ello en la búsqueda de visibilizar las problemáticas asociadas a las amenazas mineras en la Fütawillimapu.
De misma forma, realizamos cuatro podcast, cápsulas radiales que permitirán conocer desde las voces de los propios territorios, las reflexiones, inquietudes de los/as líderes tradicionales y especialistas entrevistados/as.
Agradecemos a todos/as quienes se sumaron a nuestra iniciativa, entre ellos/as reconocemos especialmente a Erica Mansilla y a la Consultora Alerce, a Constanza Mancilla, periodista que realizó su práctica en nuestro colectivo. A la Asociación Geoeduca a través del Centro de Estudios Comunitarios con el apoyo particular de Alan Opazo, Tamara Puchi y Nicole Rocha. Geoeduca, es una asociación multidisciplinar que busca desarrollar, por medio de la educación, comunidades sustentables, resilientes y con equidad de género y quienes desde la geografía, nos apoyaron con el informe: “Amenaza minera en la provincia de Osorno”.
De la misma forma, agradecemos a los/as artistas visuales Ernesto “Pititore” Guerrero y Kiyen Clavería Aguas, quienes contribuyeron con sus bellas y potentes ilustraciones; asimismo agradecemos a Javiera Vera quien realizó el logo de Mapuexpress; también, el diseño y diagramación realizado por Nelson Smith y la impresión de Transdono Ediciones. Asimismo, agradecemos la traducción al chedungun de Cristian García Quintul y el aporte en fotografías de Raúl Snow.
Finalmente, queremos agradecer a todos/as los/as entrevistados/as, entre ellos Apo Ülmen, Longko, Gilmen, Machi, Werken dirigentes, representantes de comunidades, especialistas, organizaciones, entre muchos otros, que se sumaron en distintos momentos, a nuestro proyecto.
Esperamos que el presente texto, sea de utilidad a la hora de reflexionar y, sobre todo, al momento de actuar frente a aquellas problemática de la actividad minera en la Fütawillimapu, una amenaza silenciosa que no sólo puede significar un riesgo de afectación sobre las condiciones de vida y el modelo de vida impulsado por el Pueblo Mapuche Williche, si no que también, de concretarse, puede representar la vulneración a los derechos humanos indígenas y al bienestar de las comunidades.
Finalmente, expresamos la relevancia de seguir investigando, visibilizando y denunciado las problemáticas mineras en este y otros territorios. Por extensión, sabemos que hay muchas voces más que hay que levantar, de modo que hay un largo camino por transitar para seguir comunicando las distintas resistencias territoriales.
Rume mañum kom pu che, nuestros agradecimientos a todos/as quienes, pacientemente, se hicieron con el tiempo y voluntad para apoyarnos en el presente trabajo.
